La coalición quiere acabar con trámites abusivos o comparecencias personales injustificadas
La coalición Caballas “dará la batalla por la dignidad de los consumidores de Ceuta” en el Pleno, al que instará este mes a regular de alguna forma, pese a la falta de competencia legislativa de la Asamblea, la atención a la ciudadanía cuando los requerimientos de distintos servicios y empresas dan pie a exigencias “injustificadas” o a “abusos” que van en detrimento de los derechos de las personas.
La formación localista ha recabado un informe jurídico que recuerda que el Estatuto de Autonomía reconoce a la Ciudad Autónoma “la competencia en materia de defensa de los consumidores y usuarios”. Cuatro años después de su aprobación, en 1999, a través de un Real Decreto, la Administración autonómica recibió el traspaso de funciones y servicios del Estado para “la efectiva asunción de la misma” en materia de “administración, inspección y sanción, así como la potestad normativa reglamentaria para la organización de los correspondientes servicios”.
Según han detallado fuentes de la formación que lidera Mohamed Ali, hasta la fecha solamente se ha aprobado el Reglamento del Consejo Ceutí de Consumo, que tiene entre otras “la función de emitir informes y la formulación de propuestas”, así como de plantear “cuantas iniciativas se estimen de interés para los consumidores”. Para Caballas se trata de una herramienta “poco eficaz” a los fines pretendidos, que pasan por acabar con las “insoportables” colas que “casi a diario” se encuentran los ciudadanos en las distintas oficinas.
De acuerdo con el dictamen solicitado por la coalición, la Ley establece desde 2007 como infracción “las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate” pero un precepto tan “vago” necesitaría de “un desarrollo normativo por parte del Pleno.
En este sentido, para Caballas sería un modelo a seguir la legislación andaluza, que por ejemplo veta expresamente “imponer injustificadamente el deber de comparecer personalmente para ejercer derechos o realizar cobros, pagos o trámites similares”.
Colas, esperas excesivas o trato “inadecuado” Caballas cree que Ceuta debería desarrollar una normativa contra los servicios o empresas en los que se actúe, como dice la legislación andaluza, “con desatención o desconsideración hacia los consumidores, incluidos los retrasos y esperas excesivas o el trato inadecuado”, así como frente a la imposición “injustificada” del deber de comparecer personalmente para ejercer sus derechos o realizar cobros, pagos o trámites similares, o “exigir de forma abusiva la cumplimentación de impresos y la aportación de datos que impongan molestias desproporcionadas, así como obstaculizar, impedir o dificultar que los consumidores puedan ejercer sus derechos”.
El Consejo Ceutí de Consumo, un órgano con 12 años de vida Aunque su efectividad ha sido exigua, el Pleno aprobó en 2004 el Reglamento del Consejo Ceutí de Consumo, concebido como “un canal permanente de participación y consulta de las organizaciones de consumidores y usuarios y las asociaciones empresariales en la programación general de la Consejería de Sanidad y Consumo” al que se atribuyeron “funciones de asesoramiento respecto a los proyectos de disposiciones que la Ciudad prepare al respecto”.
Entre sus competencias figura elaborar “informe previo sobre los proyectos de disposiciones de carácter general que versen sobre aspectos relativos a la protección de los intereses de los consumidores y usuarios o la gestión de la calidad en el ámbito de los bienes de consumo y de los servicios”, así como “la presentación de sugerencias a las distintas Consejerías, en el ámbito de sus competencias, en materia de defensa del consumidor y usuario” y “la emisión de informes, la formulación de propuestas y la propuesta de estudios, trabajos y cuantas iniciativas se estimen de interés para los consumidores”.
Está presidido por la consejera, que puede nombrar a tres vocales que se suman a los elegidos por una de las organizaciones más representativas de consumidores, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio y la propia Consejería de Sanidad y Consumo, ahora también de Asuntos Sociales.