Caballas instará al Pleno a atajar y restañar el daño del “sadismo” de los desahucios

Aunque al Gobierno le disguste que acaben en el Pleno asuntos de actualidad nacional para cuya resolución la Administración local carece de competencias, la coalición Caballas no renuncia a obligar a la Corporación a pronunciarse sobre los temas que copan las informativos y tienen ramificaciones locales. El lunes le tocará el turno al drama de los desahucios.
El líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali, elevará a la Sesión Plenaria Ordinaria del mes de abril una propuesta para que la Corporación municipal inste al Gobierno de la Nación a “frenar todos los desahucios de viviendas que estén en curso en la ciudad autónoma” y a “aplicar las fórmulas administrativas adecuadas para devolver a las familias desalojadas el derecho a la ocupación de sus viviendas”.
Mientras los gobiernos de Andalucía y, tras su estela, Canarias, avanzan en el diseño de medidas que conduzcan a ese mismo objetivo, la coalición Caballas entiende que “el desahucio se ha convertido en el emblema del sufrimiento al que una política profundamente injusta practicada con saña por el PP está sometiendo a la sociedad española”.
Ante tal panorama, los localistas consideran que la Asamblea no puede permanecer callada. “Ceuta no está siendo una excepción: también se están produciendo desahucios con el agravante”, subraya Ali en el argumentario de su iniciativa, “de que la mayoría son promovidos y ejecutados por la propia Administración Pública”.
“El Gobierno”, denuncia la coalición, “está desalojando a familias humildes de sus hogares para dejar vacías las viviendas y no cabe mayor sarcasmo, casi rayando en el sadismo, ante el que no podemos permanecer impasibles”.

Cerca de cuatro lanzamientos al mes en la ciudad

Ceuta registró una media de casi 4 lanzamientos judiciales al mes durante el año pasado (35 de los 39 que se contabilizaron hasta finales de octubre, por no abonar los alquileres), un 10% más que cuatro años atrás según estadísticas oficiales. El Gobierno canario, siguiendo la senda del andaluz, tiene previsto expropiar a los bancos durante tres años las viviendas que las entidades financieras han adquirido en procesos de desahucios de familias en emergencia social.