Categorías: Política

Caballas insta a la Ciudad a que intervenga por el impago de salarios en Arasti Barca

La coalición Caballas trasladó ayer públicamente su “indignación” ante el impago a día de hoy de la nómina del mes de abril a los  más de 70 trabajadores que prestan sus servicios para la empresa Arasti Barca en la Escuela Infantil “La Pecera” y en las piscinas de los Polideportivos “Guillermo Molina” y “Díaz Flor”. El primer grupo de la oposición culpa de esta situación tanto a la empresa como a la Ciudad, administración contratante de los servicios,”porque  tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir el contrato  así como todos y cada uno de los puntos objeto de dicho acuerdo”. Caballas subraya que la plantilla no tienen porqué sufrir las consecuencias de “facturas impagadas, problemas técnicos en la justificación  o retrasos en la transferencia de la administración” y verse privados de su salario”, explica en nota de prensa para exigir al Gobierno de Vivas, “y especialmente de los responsables que alabaron y ensalzaron  a la empresa Arasti Barca como modelo de empresa, modelo de gestión e idoneidad para la adjudicación del servicio que no les tiemble el pulso a la hora de aplicar el pliego de condiciones para que se hagan cumplir los derechos fundamentales de los trabajadores”.  
Por otra parte, el primer grupo de la oposición trasladará hoy al Pleno de la Asamblea una propuesta para la dación en pago de la vivienda cuando no se pueda cumplir con la hipoteca. La solución que se propone es  a través de una Iniciativa Legislativa Popular: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. Caballas también busca regular la paralización de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, proponiéndose la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, con unos importes de renta situados en el 30% de la renta del arrendatario.

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