El Grupo Parlamentario de Caballas en la Asamblea ha solicitado al Organismo Autónomo Servicios Tributarios el expediente completo que sustenta la última resolución oficial sobre el precio de venta y los costes de comercialización en la ciudad de las bombonas de butano, que mantiene la cuantía de estos últimos por kilogramo hasta 17,11 céntimos. Como el mes pasado la Dirección General de Política Energética y Minas fijó el precio de los gases licuados del petróleo envasados antes de impuestos en 92,30 céntimos por kilo, actualmente el precio máximo de venta al público resultante de los gases licuados del petróleo (GLPs) envasados se sitúa en 1,09 euros por kilogramo.
Contra la resolución se puede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado en el plazo de dos meses o recurso de reposición ante la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad.
La Consejería de Hacienda asumió en noviembre de 2013 que desde 1997 persisten “diferencias en los costes de comercialización de los GLPs envasados derivados de la extrapeninsularidad, limitado volumen de demanda y costes añadidos del transporte”.
A juicio de Caballas, como en 2014, cuando los costes de comercialización de los GLPs envasados se elevaron a 0,154 euros por kilogramo de producto, el Gobierno de Vivas sigue resolviendo “sin informes actualizados que acrediten la existencia de sobrecostes específicos locales y con el único afán de librarse de pagar la compensación que abonaba sin dejar de blindar un beneficio para la empresa 'Atlas”.
La Ciudad Autónoma considera que “respecto a la concurrencia de factores específicos locales, es indudable que estos son identificables con la extrapeninsularidad, el limitado volumen de demanda y los costes añadidos del transporte”.
El Ejecutivo autonómico puede establecer variaciones, en más o en menos, sobre el precio máximo de venta al público de los GLPs y hace cuatro años interpretó que esos 17,11 céntimos por kilogramo coincidían “con el 100% del importe de la compensación al consumo” que la Administración local suprimió.
La facultad de fijar precios máximos es “causal” y las variaciones que puede introducir “presentan el límite cuantitativo del importe de la diferencia entre los impuestos repercutibles al consumidor en el régimen fiscal local y los nacionales generales”.
Según Caballas “ningún estudio solvente” ha acreditado que desde 1997 se mantienen los desajustes de comercialización considerando “las bonificaciones a la Seguridad Social”, “la reducción de plantilla aplicada” o “que todos los distribuidores son autónomos”, entre otros factores que la coalición cree que deberían tenerse en cuenta.
Los números
92,3
Precio máximo general. La Dirección General de Política Energética y Minas fijó el mes pasado el precio máximo de venta antes de impuestos de gases licuados del petróleo en 92,3 céntimos de euro por kilogramo.
17,1
Costes comercialización. El Gobierno local mantiene en 17,11 céntimos por kilogramo el coste de comercialización local derivado de “factores específicos locales” como “la extrapeninsularidad, limitado volumen de demanda y costes añadidos del transporte”.
100%
Compensación suprimida. El Ejecutivo de Vivas eliminó durante la legislatura pasada la bonificación que pagaba a ‘Atlas’ y que evitaba repercutir al consumidor esos costes de comercialización. En menos de un mes decidió elevar su cuantía de 15,4 céntimos por kilogramo a 17,11 para cubrir el 100% de la compensación al consumo preexistente.
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