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Caballas acusa al Gobierno de tolerar el “secuestro” del servicio de autobuses por una empresa privada

Mohamed Ali estudiará “emprender acciones legales” contra la Ciudad si se convierte “una vez más” en “cómplice” de Autobuses Hadú-Almadraba

La decisión de la empresa Autobuses Hadú-Almadraba de suspender las líneas de Benzú y San Amaro por la controversia en torno a los pagos de la Ciudad ha irritado a la formación política Caballas. Su portavoz, Mohamed Ali, adelanta que si el Gobierno “una vez más se convierte en cómplice de la empresa y vela más por los interés de esta que por los de la ciudadanía de Ceuta, habrá que estudiar seriamente la posibilidad de emprender acciones legales contra el Gobierno porque está permitiendo que un servicio esencial se vea secuestrado por una empresa privada”.

Para Ali es “inadmisible, intolerable e impresentable que el Gobierno permita esta situación y no tome medidas al respecto”. Desde la coalición exigen a la Ciudad no solo que emprenda acciones legales pertinentes por la empresa por este ataque frontal contra los ciudadanos, sino que de una vez por todas asuma el servicio esencial de transporte de viajeros por autobuses, la municipalización, subrogue al personal y preste un servicio digno con todas las garantías para toda la ciudad”.

"Ilegal" cancelación de líneas y "opera fuera del contrato"

El diputado por la coalición en la Asamblea de Ceuta tilda de “ilegal” la cancelación de las líneas y reprocha “que atenta claramente contra el interés general de los ciudadanos”.

El líder de Caballas recuerda que Autobuses Hadú-Almadraba está sin contrato, y por tanto, “opera fuera del mismo”, con una concesión “de los tiempos del Protectorado español” y considera “inadmisible” mantener esta situación más en el tiempo.

El consejero competente en materia de Transportes trasladó este viernes a la empresa el envío de 125.000 euros del convenio que tiene con Servicios Sociales. El gerente declaró a El Faro de Ceuta que ellos quieren el contrato para poder solicitar las compensaciones que permitía el decreto del Estado de Alarma que reflejaba que las empresas que fueran adjudicatarias de un servicio público tenían derecho a percibir las pérdidas acumuladas durante el período de vigencia del propio Estado de Alarma.

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