Caballas explora vías legales contra la “infamia” de los niños sin escolarizar

La coalición Caballas está estudiando “todas las fórmulas legales posibles” para conseguir “acabar con la infamia que supone que en pleno Siglo XXI siga habiendo decenas de niños en edad de escolarización obligatoria que no acuden a clase por problemas burocráticos que está en manos de la Administración resolver”.

Mientras la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECyD) gestiona el informe jurídico que se ha comprometido a solicitar en relación con la reclamación inexcusable del certificado de empadronamiento para escolarizar a menores, el primer grupo de la oposición en la Asamblea ha iniciado sus propias gestiones para conocer si el silencio administrativo puede, una vez sobrepasado un plazo “razonable” como un mes, dar automáticamente derecho a las familias que efectivamente viven en Ceuta a escolarizar a sus hijos.
“La Consejería de Presidencia ha dado, supuestamente, órdenes en el sentido de que en el departamento de Estadística se tramiten de forma  preferente las solicitudes de empadronamiento de unidades familiares con hijos a su cargo pero aun así los expedientes siguen demorándose durante meses”, ha lamentado el diputado localista Juan Luis Aróstegui.
Según el primer grupo de la oposición en la Asamblea, el Ministerio de Educación también ha ido endureciendo los requisitos para tramitar las solicitudes de escolarización y ya no admite, como antes, la simple petición de inscripción padronal para garantizar una plaza escolar a los menores “pese a que en otras partes de España sí se contempla la presentación de otros documentos como facturas de servicios básicos a estos fines”.
La legislación vigente establece que “todos los alumnos en las etapas de escolarización obligatoria tienen derecho a un puesto escolar gratuito que les garantice una educación de calidad” y que “el Ministerio de Educación garantizará un puesto escolar gratuito a todos los alumnos del segundo ciclo de la Educación Infantil cuyos padres o tutores legales así lo soliciten”.
Las últimas instrucciones de escolarización en Ceuta establecen que “se considerará como domicilio el de los padres o tutor o, alternativamente el lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o tutor” y que “la comprobación de los datos del domicilio, será realizada de oficio por el centro” aunque “si el interesado  lo desea podrá acreditar la proximidad domiciliaria mediante la aportación de una copia del DNI y del certificado de empadronamiento o documento equivalente que, a juicio del órgano competente de los centros, sirva para acreditar fehacientemente esta circunstancia”.

22 niños a la espera
La Dirección Provincial ya tiene, de hecho, un problema legal con la escolarización de alumnos de 4 años antes de irse de vacaciones. El conflicto quedará, presumiblemente, pendiente hasta el próximo mes de septiembre, cuando arranque el nuevo curso escolar. Se trata de los 22 niños con esa edad cuyas familias han solicitado que sean escolarizados el próximo año académico y que no tienen sitio en ningún centro educativo.
Según fuentes de la Junta de Personal Docente No Universitario, “todas” las aulas de ese nivel educativo están ya “al límite legal de matriculación”, que no puede exceder los 30 alumnos por unidad, según las ratios de aplicación en Ceuta. La legislación establece ese tope de proporción de alumnos por aula en 25 niños por clase para Infantil y Primaria que “excepcionalmente” puede ser incrementado en un 20 por ciento, hasta alcanzar los citados 30 en la ciudad.
La adscripción de esos menores está pendiente de la posible apertura de alguna nueva unidad a la vuelta del verano.

El problema que denuncian las oenegés

Varias oenegés denuncian desde hace años el problema de los niños que, residiendo en Ceuta de forma casi permanente, no tienen derecho a la escolarización porque sus unidades familiares, por uno u otro motivo, no tienen reconocido el empadronamiento legal en la ciudad. Como consecuencia de ello, la Administración se niega a tramitar su inclusión en las aulas hasta que ese preciado documento tenga sello oficial. Organizaciones como Digmun se encargan de suplir el vacío de aulas oficiales con clases de alfabetización y atención social que extienden también a sus madres, en la mayoría de los casos transfronterizas.