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Caballas encuadra en una decisión “política” la ampliación a Trace

Caballas no termina de ver claro el expediente de modificación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras que presta Trace y que supondrá un incremento del importe recibido en 1,4 millones de euros anuales.

Aclaran los localistas en una nota de prensa, que no ha quedado acreditado “que se cumplen las condiciones exigidas por la Ley de Contratos del Sector Público”. De hecho aluden al último informe emitido por la secretaria general, Dolores Pastilla, del que ayer se hizo eco El Faro, y que a juicio de la coalición resulta “ambiguo y genérico”.
“A quien corresponde velar por la legalidad de los actos administrativos, y que tiene la obligación de emitir informe al respecto, ha presentado uno que en ningún caso se pronuncia con rotundidad sobre el cumplimiento de los requisitos legales”, denuncia el principal partido en la oposición.
Recuerda la coalición que está quedando plenamente ratificado, como ya expresó Caballas en la sesión plenaria en que se debatió este asunto, que la modificación planteada por el Gobierno no responde al interés general. “No se ha acreditado que la empresa cumpla íntegramente el contrato. No se explicó por qué se ha permitido a la empresa reducir plantilla y ahora se modifica el contrato para ampliarla. No queda garantizado que la modificación del contrato permita recuperar los niveles de calidad perdidos. Estamos ante una decisión de carácter estrictamente político que más parece una componenda que un intento serio de atajar el gran problema en que se ha convertido la limpieza en nuestra ciudad”, denuncia.
Pastilla ha dictaminado que el órgano de Contratación puede proceder a ampliar el contrato siempre y cuando se cumpla con lo que establece la Ley, algo que no certifica expresamente que se haga. “Una vez sustanciado el trámite de audiencia al contratista y contando con el informe favorable de la Intervención”, señala, “podrá, si así lo estima, acordar la modificación del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y con fundamento en la documentación técnica que obra en el expediente con el fin de prestar el servicio en las condiciones que exigen en este momento las necesidades públicas que el servicio está llamado a satisfacer”, informa.

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