Caballas sigue considerando un “escándalo” todo lo que tuvo que ver con la organización y gasto de la Feria de Día. A pesar de que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que considera que no cabe la nulidad de los contratos menores que se hicieron y que, por tanto, hay que pagarlos, para los localistas la clave no está en que no se haya acreditado irregularidades sino en que los precios por los que se contrataron los servicios fueron “escandalosos”.
Caballas denuncia que, amparándose en lo contemplado en ese dictamen, el Gobierno quiere “hacer creer a la ciudadanía que el informe del Consejo de Estado, que no encuentra acreditado el fraccionamiento de contrato, supone la convalidación de todos los actos administrativos de la Feria de Día y, consecuentemente, la exculpación de cualquier tipo de responsabilidad sobre aquellas fraudulentas acciones”, explica.
Valoración que choca con la impresión que, sobre dicha celebración, sigue teniendo el primer partido en la oposición. “El informe del Consejo de Estado hace referencia, única y exclusivamente, al modo de adjudicación del contrato, y ni siquiera en este apartado es concluyente, ya que alega falta de información”, aclara Caballas.
“Lo más grave del caso”, avanza la coalición, “era la adjudicación de los servicios por unos precios absolutamente desproporcionados hasta convertirse en escandalosos. El alquiler de toldos o de cabinas urinarias fueron ejemplos evidentes de que con aquellos contratos se pretendía pagar algo más que los servicios que figuraban en la factura”, insiste.
Caballas quiere saber más y después de las consideraciones hechas públicas por el Gobierno el pasado viernes, reclama que se explique quién y por qué aceptó pagar contratos que “multiplicaban por muchas cifras el valor real de los servicios contratados”, recalca.
El dictamen del Consejo de Estado ha sido considerado por la Ciudad por cuanto se trata, tal y como defendió el propio Carreira, de “un órgano que no controla el PP y que consideramos referente de buen asesoramiento”, resaltó, en el que “no se puede probar que hubo fraccionamiento de contratos e incluso apunta que hay cosas que no se podían contratar de forma conjunta”.
Ahora la Administración deberá abonar a los contratistas las prestaciones ejecutadas durante el transcurso de la Feria de Día. El consejero y viceconsejero de Festejos, Premi Mirchandani y Salvador Jaramillo, dimitieron de sus cargos tras la polémica.
Los criticados¿Y los técnicos de Festejos? Tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado, queda en el recuerdo las críticas que se hicieron ya no solo hacia las figuras políticas como el consejero del Área, Premi Mirchandani, sino también hacia los técnicos de Festejos, quienes fueron descalificados por una supuesta mala praxis administrativa. Al final, tal y como se recoge en el dictamen, esa mala praxis no existió, por lo que los técnicos de Festejos no incurrieron en irregularidad alguna, además de que todos los pasos dados estaban supervisados y fiscalizados por el Interventor. En este aspecto queda clarificado que aquellas críticas sobre posibles irregularidades ha sido descartadas.