Caballas dice que el Gobierno prefiere pagar 4 millones por sentencia a la UTE del campus antes de negociar por la vía administrativa

Caballas ha acusado al Gobierno local de haber dejado pasar los plazos administrativos para responder a la reclamación de más de 4 millones de euros planteada por la UTE que se encargó de la remodelación del campus universitario Teniente Ruiz para liquidar el contrato y que ha terminado demandando a la Ciudad Autónoma. "A ustedes nos le da la gana llegar a soluciones menos costosas para las arcas municipales y esta demanda la perderemos".

Para su portavoz, Mohamed Ali, esta demanda demuestra  la "inacción" del Gobierno local, del que ha dicho que prefiere pagar "por sentencia" a negociar "soluciones más amistosas" que rebajen la cantidad de esas reclamaciones y que eviten terminar en el Juzgado. Ali ha reiterado lo que ya dijo cuando se estaba remodelando el cuartel, que el campus no ha sido más que una "mudanza muy cara que ha costado 30 millones de euros" y que no ha generado los recursos que se pretendían "porque ni ha aumentado la oferta universitaria ni hay más alumnos que antes".

El consejero de Fomento ha señalado que los plazos han expirado por no haber podido hacer, por el equipo redactor de la UTE, las mediciones finales, y que se ha decidido contratar un servicio de mediciones externo ya que los técnicos municipales se encuentran enfrascados en otra tarea, la de combatir las construcciones irregulares. "De todo le vamos a entregar una copia al Juzgado", ha concluido.

Por lo demás, el Gobierno local ha negado que se esté planteando el desmantelamiento de la empresa municipal Obimace, que este próximo año tendrá 360.000 euros menos de presupuesto o que haya decidido cambiar el procedimiento de contratación de las obras, que seguirán saliendo a subasta de manera preferente porque ha ahorrado hasta un 40% a las arcas públicas. Y el consejero con competencia en Deportes, Fernando Ramos ha asegurado que antes de que termine el año saldrá la licitación del servicio de monitores de natación, que actualmente se presta sin contrato con el ICD la empresa Arasti Barca y que acumula una deuda de 1,3 millones según el Gobierno y que Caballas eleva a 1,6.