Después de 48 horas de silencio, los líderes de la coalición Caballas, Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui, rompieron ayer su silencio sobre los pagos a Urbaser de la Ciudad Autónoma para decir “toda la verdad”. “Hemos hablado mucho sobre qué hacer”, reflexionó Aróstegui, “y hemos decidido que los ciudadanos tienen derecho a saber por qué de repente aparece un informe y llega a la portada de un periódico con la apostilla 'malversación de fondos”.
“Esto es importante que la gente lo sepa, que hay una lucha que no tiene nada que ver ni con los ciudadanos ni con la política, que hay en marcha la adjudicación de un contrato de publicidad institucional con dos ofertas, la de 'El Faro' y la de 'El Pueblo', que ha presentado una alegación para suspenderlo, supongo que porque se siente perdedor, y lo que está haciendo es asustar, acobardar, a Vivas para que no lo lleve a efecto”, resumió Aróstegui, que en declaraciones a ‘Radio Ceuta’ recordó que “la mejor manera de funcionar en la vida es decir la verdad y la verdad es que sin este interés ajeno a todo esto no hubiera seguido este curso con un informe del asesor financiero [Federico Cuenca] del dueño de ‘El Pueblo’ [José Antonio Muñoz]”.
“Todo este ruido no tiene que ver con el contenido del informe, es 'El Pueblo' el que promueve esta iniciativa con Carracao en el papel de tonto útil”, añadió el diputado autonómico, que insistió en que “esto dice muy poco de la política municipal”. “Yo no entiendo lo que hace el PSOE al servicio de intereses particulares de nadie, que es lo que está haciendo”, completó.
Ali y Aróstegui no ahorraron críticas a la gestión del Gobierno de Juan Vivas, aunque a su juicio los pagos a Urbaser no han sido “ilegales” en puridad. “La empresa, lo hemos denunciado muchas veces esta legislatura y antes, ha cobrado más de lo merecido, pero legalmente porque figuraba en aquel contrato: se ha expoliado y se han pagado a precios de oro cosas que no lo eran, pero conforme a contrato”, resumieron.
“Esto que se comenta ahora, el pago en exceso por amortización de maquinaria”, contextualizó Ali, “es una manifestación más de la alegría con la que se tratan los fondos públicos, el despilfarro y la mala gestión del PP, situación ante la que Caballas ha querido tener toda la documentación antes de pronunciarnos públicamente sobre un informe que conocíamos desde hace bastante tiempo”.
El propio Aróstegui reconoció que “yo tuve acceso a este informe desde el primer momento porque sigo este tema con interés y conocía que los técnicos estaban estudiando su resultado final” y precisó que, a fecha de ayer, el importe de la suma total de pagos unitarios efectuados para amortización de maquinaria excede “en 7,5 y no en 12,5, la cantidad correcta porque en el primer informe no se tuvo en cuenta el coste financiero”.
Una u otra, añadió Ali, “la cantidad sigue siendo igualmente grave en un tema que no está zanjado y con el que hay que ser prudente porque Urbaser nos ha preocupado y ocupado durante esta y las pasadas legislaturas y cuyo contrato recuperó Aróstegui de una caja del Ayuntamiento”, refirió el portavoz de Caballas, quien advirtió de que “Caballas se niega, se va a negar y va a exigir al Gobierno local que no pague un euro más a Urbaser, que reclama judicialmente más de 10 millones, por culpa de un error gravísimo del que alguien debe responder por admitir las amortizaciones por servicio en el contrato, algo que efectivamente es así”.
“Ahora lo importante es no pagar ni un euro más, pero nos reservamos la posibilidad de sumarnos al proceso judicial si hay responsabilidades legales técnicas o políticas, ya que las certificaciones las firmaban tres técnicos antes que el político”, señaló Ali, quien dijo “echar de menos” que, “además de defenderse panza arriba”, el Ejecutivo local “asuma algún tipo de responsabilidad”.
Desde el punto de vista de Aróstegui, “la explicación del Gobierno, según la cual pone aquí y quita allá, es políticamente impresentable y técnicamente indefendible porque este Ayuntamiento es un auténtico desastre, porque Vivas sólo ha querido no hurgar en el contrato superpolémico al que el PSPC y el PP nos opusimos radicalmente en la época del GIL y él acabó asumiendo mientras las calles estuviesen limpias”.
“Nefasta gestión de lo público”
Para Aróstegui, “la clave de este contrato y de otros muchos es que ha funcionado a base de 'compadreo', de que los funcionarios firman, quizá por comodidad, lo que se les pone encima de la mesa, y de que los políticos hacen lo mismo, por comodidad o por interés, y nunca pasa nada”. “Este tira y afloja termina”, lamentó, “con irregularidades en un sentido y en otro porque también es verdad que la empresa ha pagado salarios por encima de contrato y ha limpiado el Tarajal porque le mandó el presidente, y lleva razón". A su juicio "esto es como el árbitro que pita un penalti equivocado en un área y contrapesa con otro igualmente equivocado en la contraria, y no sé si habido una malversación de fondos pero sí una nefasta gestión de lo público", quiso dejar claro.