Caballas mostró ayer su preocupación por los alrededor de 50 millones de euros de reclamaciones judiciales que tiene a fecha de hoy la Ciudad. Ese montante es fruto de los pleitos y reclamaciones de distintas cantidades que han sido presentados en los juzgados y de los que tienen constancia oficial tanto los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento como el área de Intervención. “Estamos ante un dato terrorífico”, aclaró Mohamed Alí, quien atribuyó esta ristra de casos a la “mala e irregular gestión política del PP”.
Entre esas demandas figura, por ejemplo, una presentada por Urbaser, quien solicita el pago de la última certificación por los servicios de limpieza viaria prestados en enero de 2013, un mes antes de que empezara a trabajar la adjudicataria Trace. Ese dinero no se ha abonado porque la técnico de Medio Ambiente se niega a firmar la certificación al considerarse que estaba fuera de contrato, oponiéndose al criterio defendido por la empresa que ha optado por llevar ese cobro al juzgado para que se pronuncie. “Las cosas no se han hecho bien”, denunció Alí, que lamentó que la nefasta gestión política está provocando que la disparidad de criterios termine en los tribunales cuando lo lógico es “evitar los pleitos”, puntualizó. A lo de Urbaser se suma otro pleito por liquidación de intereses por la obra del desdoble del Paseo de las Palmeras. Una acción ésta que, particularmente, Caballas considera que ha sido una auténtica tropelía ya que su precio terminó costando “más del doble de lo previsto”, al haberse añadido modificaciones de contrato, intereses y costes, terminando en los juzgados.
Pleitos con la cooperativa Mare Nostrum, con Invercap (por la actuación en Pasaje Fernández), con Cadagua (que reclama otra deuda) o los 4 millones del campus son solo algunos de los que integran la hilera de casos cuyo montante final alcanza los 50 millones. “Esto es inadmisible e intolerable”, concretó Alí, quien adelantó unos graves efectos en las arcas municipales si el Ayuntamiento termina siendo condenado. “Son demandas que pueden hacer que la institución se tambalee”, aclaró.
De otra parte, Caballas anunció las propuestas con carácter de urgencia que llevará a Pleno el próximo lunes. Por ejemplo, pedirán que los contratos de más de seis millones pasen por Pleno y no por consejo de Gobierno como pasa en la actualidad, algo que, dijo Alí, está suponiendo que el “PP hurte la posibilidad al Pleno e incumpla la ley” de contratos. Además la coalición reclamará la puesta en marcha de una comisión especial sobre contratación para fiscalizar los contratos, evitando polémicas como las que actualmente se refieren al traslado del cartón, de los fangos de la EDAR o del servicio de comedores “que nos ha costado 200.000 euros fuera de contrato”.
Otra de las propuestas urgentes que llevará Caballas pasa por incluir una cláusula en los pliegos para defender las condiciones de quienes trabajan en empresas que prestan servicios para la Ciudad. Se trata de evitar el “efecto perverso” de que los trabajadores puedan ver precarizados sus empleos al no ver protegidos sus derechos. El objetivo de esta propuesta es la de obligar al mantenimiento de las condiciones sociolaborales ya que hay 800 trabajadores que prestan servicio de manera indirecta a la Ciudad.
Reacciones a la denunciaLa coalición pide que haya una comisión de investigación sobre el tema del cartón Caballas ha anunciado que pedirá que haya una comisión de investigación para que se aclaren las “posibles irregularidades” que pudieran existir en torno al traslado y prensado del cartón, después de que un empresario llevara el caso al juzgado. Para los localistas, las explicaciones dadas hasta el momento por el consejero de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda, no han sido claras, por lo que consideran que debería haber una comisión de investigación sobre estos hechos para responder todas las dudas surgidas. Los localistas consideran que se han conocido pruebas de que empresas públicas estarían prestando servicios para que privadas obtengan beneficios, algo que no ha sido aclarado convenientemente por la Ciudad por lo que reclaman que se haga ahora en una comisión. “El PP tiene la obligación legal y moral de aclarar qué pasa con esto”, apuntó Juan Luis Aróstegui. “Si no queda claro”, puntualizó, “exigimos responsabilidades al consejero”. “Esto se ha convertido en un galimatías imposible”.