El grupo Caballas ha presentado una alegación ante la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental tras la aprobación del Estudio de Delimitación de Tramo Urbano en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Sobre este tema ya publicamos el otro día un escrito que le enviaron a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, para que pusiera toda la carne en el asador para que las barriadas de la Almadraba y Benzú no se vean perjudicadas por esta decisión. En esa alegación, que ha sido presentada por el portavoz de Caballas, Mohamed Alí, viene a indicar que “esta decisión que afecta de manera directa a las limitaciones a la propiedad, régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones, de todos y cada uno de los propietarios afectados, que verán sensiblemente limitados sus derechos; supone además, un inexplicable atropello al conjunto de ambas zonas, cuya consideración de consolidación urbana es indiscutible. Es preciso señalar que se trata de dos Barriadas de la Ciudad que forman parte indisociable de la estructura urbana de Ceuta, gozando de una innegable reputación urbanística reconocida secularmente”. En otro párrafo de la alegación se indica que “se podría afirmar que cuando el legislador introdujo esta excepción estaba pensando en las Barriadas de Benzú y de la Almadraba de Ceuta. En ambos casos, la proximidad (tangencial) al mar, y su limitación orográfica por el otro lado, impiden una morfología diferente. La imposición de los 25 metros supondría un recorte imposible de reordenar. Esto resulta desde todo punto de vista irracional en una Ciudad en la que uno de sus problemas fundamentales en materia urbanística es, precisamente, la limitación de suelo. No tendría ningún sentido añadir una nueva restricción a las que ya de por sí se padecen desde tiempo inmemorial”. Añaden que desde la perspectiva socioeconómica tampoco parece que se puedan plantear muchas dudas. “Estamos hablando de dos barriadas emblemáticas de nuestra Ciudad muy apreciadas, y muy castigadas por el desempleo. No tendría sentido, porque carece de la más elemental lógica (contraviene uno de los objetivos fundamentales del PGOU vigente y de su revisión en trámite), que una decisión de política urbanística, termine cerrando más empresas y ampliando las ya de por sí escandalosas listas del paro”.