Carreira defendió la decisión del Ejecutivo que consideró transparente pero los localistas han decidido que “lo expliquen ante el juez”
El PSOE, también crítico
Caballas lo tiene decidido. Ni la sesión extraordinaria celebrada ayer para aclarar la encomienda a Tragsa ha servido para despejar dudas, así que el mismo lunes acudirán al juzgado de guardia para presentar una denuncia solicitando al magistrado que le competa que investigue la transparencia de esas encomiendas, cuya legalidad ha sido puesta en duda no solo por los localistas sino también por el PSOE. El concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, deslizó esta advertencia en la sesión plenaria de ayer, confirmándolo después la coalición fuera del micrófono plenario, judicializándose así la gestión estrella del Gobierno con el conglomerado de empresas públicas que aglutina Tragsa. El que fuera consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, defendió la legalidad de esta encomienda, negando que la misma se solapara con las labores que realiza Trace, advirtiendo que hay necesidades extraordinarias que no pueden ser acometidas por la empresa de limpieza viaria por lo que se tuvo que encomendar dichos trabajos a Tragsa. “La encomienda no sustituye a otras acciones”, insistió, denunciando la existencia de una parecida ‘caza de brujas’ contra las 60 personas que han sido contratadas para estos menesteres, que “no han sido elegidas por esta Asamblea” y que, dijo, “parece que no les importan”. Carreira defendió que todas las certificaciones que se firmen están en regla, topando dicha apreciación con la advertencia de Aróstegui de tener que comunicarle esto a un juez. El portavoz del PP situó en el plano de lo excepcional las labores que hacen operarios de Tragsa, siempre motivadas por “informes técnicos” de los “servicios jurídicos” del Ayuntamiento que han dado el visto bueno a las mismas, sin que supongan la realización de los mismos servicios por los que la Ciudad ya paga a Trace. Si la sesión extraordinaria pretende acallar las quejas de supuestas irregularidades que mantienen PSOE y Caballas no lo hizo, a pesar de la insistencia de Carreira que terminó tornándose en un reproche a la oposición por no conocer al detalle el convenio de Trace y las encomiendas a Tragsa con lo que se demostraría la legalidad de todas las labores. Los dos partidos de la oposición dudan no solo de que se está pagando por dos el trabajo que tiene que hacer la empresa de limpieza, sino, también, de cómo se ha seleccionado el personal así como del precio estipulado en el pago por el servicio y por el personal (3.500 euros al mes por operario), mucho mayor que el que prestan, por ejemplo, trabajadores de las Brigadas Verdes y Obimace. Y esto fue precisamente lo que reprochó Juan Luis Aróstegui al Gobierno, que pagara más por servicios encomendados a Tragsa, en vez de incrementar los operarios de brigadas dependientes de la propia Ciudad o de la FPAV, que resultaría mucho más económico. El localista, que confesó no tener “tragsafobia sino ppfobia”, denunció que la encomienda a Tragsa debía haberse abordado en un pleno para que no se hubieran producido estas polémicas, denunciando no solo las prisas del Gobierno sino la forma en que se han desarrollado todos los trámites. Manuel Hernández, del PSOE, lamento que solo se escucharan palabras de “elogio” para hablar de este asunto, equiparando la suma de “Gobierno más Tragsa” con “la polémica”. Para Hernández no queda claro lo que puede y no puede hacer Tragsa, tampoco lo que se considera que es “declaración de interés público común” para que se le haya encomendado a esta empresa el proyecto de remodelación de la Gran Vía o cómo se realizaron las labores de contratación “que han sido oscuras”, denunció. De hecho puso como ejemplo que el 21 de junio se oficializó la encomienda y el 1 de julio ya estaba el personal seleccionado y trabajando. “¿Cómo se hizo esto?, ¿hubo una convocatoria pública?”, se preguntó, rememorando la polémica con el SEPE, cuya dirección confesó sin pudor alguno cómo se había pedido un personal concreto procedente de la Escuela de la Construcción y cómo la selección se hizo al margen del Servicio Público de Empleo argumentando que este no podía llevarlo a cabo en días, algo que negó. La contratación del personal, la subcontrata, los precios y la duplicidad de los trabajos fueron puntos sobre los que la oposición quería respuestas sin éxito alguno. Las críticas del PSOE llevaron a Carreira a acusar al diputado José María Mas, al que recordó su paso por la Delegación del Gobierno y cómo el PSOE encargó varias obras a Tragsa.
Enfrentamiento Cs/Caballas: Del ‘espontáneo’ hasta el ‘algo más que mamarracho’
La sesión extraordinaria de ayer había sido pedida por Caballas y PSOE, pero el diputado de Cs, Javier Varga, también solicitó intervenir. Y lo hizo avivándose más la tensión entre su formación y la de los localistas. Y es que Varga recriminó al PSOE que se hubiera sumado a Caballas en esta denuncia, criticando que se uniera “a una mentira” ya que si su partido no se había sumado a la petición de este pleno extraordinario es porque no se le invitó. Habló de “intereses partidistas” y aclaró que su partido era libre de criticar en el foro que quisiera al líder de Caballas por estar investigado en el ‘caso Emvicesa’. Y claro, las chispas volvieron a saltar, cuando Aróstegui le tildó de “espontáneo” y le recordó su anterior calificativo de “mamarracho”, advirtiéndole de que igual se iba a llevar alguna sorpresa. De nuevo quedó de manifiesto que la tensión es patente e incluso se extendió a las formas expuestas.