Caballas critica el contrato de una consultora para revisar ordenanzas

La sorpresa de la que hizo gala el consejero de Fomento, Néstor García León, cuando los medios de comunicación se interesaron por el gasto de 203.000 euros en el que se incurrirá para que una consultora actualice las ordenanzas urbanísticas, poco sentido tiene. Mucho menos conforme pasan los días.

Si el viernes era el PSOE el que lamentaba la incompetencia de García León para llevar su Área al tener que contratar ese servicio, ayer era Caballas la que mostraba su indignación por el "inquietante reconocimiento público de incompetencia" hecho por el Ejecutivo.
El gasto de más de 200.000 euros es, para los localistas, un hecho "insólito". El Gobierno, desde que inició la legislatura, "ha dado señales inequívocas de una irritante impotencia. Todo es palabrería que se termina quedando en nada. En un año, no se puede encontrar ni rastro de una iniciativa ejecutada", puntualizan.
"La explicación ofrecida por el Gobierno es patética. Dice que los funcionarios están desbordados, cuando lo cierto es que la política de personal es un auténtico desastre. Cada cual hace lo que le viene en gana sin el menor pudor. La Ciudad tiene en nómina nueve arquitectos. El desorden es absoluto. La plantilla está penosamente distribuida y los criterios de asignación de tareas no existen", argumenta la coalición, que no encuentra explicación alguna al encargo que prevé ejecutar el Gobierno y que supondrá tal desembolso con cargo a las arcas municipales.
"Ante la urgencia de hacer algo y no saber cómo, tiran por la calle de en medio, y pretenden arreglarlo con dinero que tendrán que detraer de otros gastos más necesarios, urgentes e importantes. Es realmente lamentable", añade.
"Pero no es sólo eso, las ordenanzas que pretender revisar tienen una importante carga política que no puede quedar en manos de una empresa que gane por subasta la adjudicación. Asuntos de envergadura y trascendencia, como la revisión de los requisitos de las cédulas de habitabilidad, no debería quedar en manos de una empresa privada de cualquier lugar del país", completa la coalición.