Caballas cree que sanear la Cámara no puede pasar por “pelotazos” públicos

La coalición Caballas no está dispuesta a asistir en silencio a que la Cámara de Comercio desarrolle su Plan de Saneamiento “a costa de ‘pelotazos’ con la Administración Pública en sus distintas vertientes de la Autoridad Portuaria o la Ciudad Autónoma”. 

En primer lugar, el primer grupo de la oposición en la Asamblea no está de acuerdo, según explicó ayer el diputado localista Juan Luis Aróstegui, con que el Puerto pueda autorizar al organismo cameral que preside Karim Bulaix la transmisión de la nave de la que tiene la concesión por 310.000 euros a una empresa de nueva creación y tres socios llamada ‘Inversiones Cañonero Dato’.
El conglomerado planteado es lo que disgusta a Caballas. “Una concesión se puede traspasar y el uso de la misma también se puede modificar pero cuando se combinan ambas operaciones aparece el ‘pelotazo”, lamentó Aróstegui. Actualmente el local de la Cámara está destinado a acoger “fines propios” de la misma pero su destino, en caso de venta, sería el comercial.Al trasvase se suma un tercer elemento “que completa el colmo de lo inaceptable”. Se trata de que la Autoridad Portuaria no se ha desprendido ni vía concesión de 77 metros cuadrados de esa nave, espacio que también querrían poder utilizar sus hipotéticos nuevos gestores.
El Puerto mantiene la operación sometida a los informes técnicos y jurídicos que avalen o rechacen la viabilidad de la misma alrededor de una nave que ha permitido mantener en manos de la Cámara pese a que “no la ha utilizado para los fines para los que se le había otorgado la concesión, cuya transmisión a los sindicatos para habilitar aulas de formación que contribuyesen a luchar contra el desempleo fue denegada en su momento”.
La coalición Caballas también ha votado esta semana en contra del acuerdo adoptado en el Consejo de Administración de la Sociedad de Fomento Procesa para alcanzar un gran acuerdo con la Cámara que permita a ambas partes intercambiar el 50% que posee cada una de los viveros ubicados junto a la sede cameral, por un lado, y de una nave en los polígonos del Tarajal, por otro. El pacto pasa porque la Administración local se quede con el primer inmueble y ceda su uso a la Cámara, que podría gestionar el cercano al perímetro fronterizo (presumiblemente para hipotecarlo) y que asumiría una deuda de 56.000 euros con la Ciudad Autónoma a cuenta de la diferencia existente entre la valoración de una y otra propiedad. Esta operación también está pendiente de los informes que la respalden o echen para atrás.
“El Plan de Saneamiento de la Cámara de Comercio no puede consistir en una cadena de ‘pelotazos’ con las Administraciones Públicas, que están para velar por el interés general ciudadano, no por las cuentas de un tercero”, distinguió el político localista en declaraciones a este periódico.

Un embargo pendiente por 70.000 euros

El Juzgado de lo Social decretó a primeros de este mes el embargo del inmueble de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación para hacer frente a las cantidades que UGT tiene reclamadas por el despido de varios trabajadores. A fecha de ayer, según detalló el secretario general de los ugetistas, Antonio Gil, la Cámara aún tiene pendientes de pago un total de 70.000 euros, costas incluidas, que Bulaix se ha comprometido a abonar “en breve”. Antes del embargo inmobiliario el Juzgado comprobó que la Cámara no tenía saldos o depósitos en cuentas corrientes susceptibles de correr la misma suerte.