Caballas considera insuficiente la acción del gobierno para atender a niños y adolescentes en exclusión social

El grupo Caballas anuncia que presentará en el pleno una propuesta para la creación de una "Red de Atención a la exclusión social de la infancia y la adolescencia".

En la exposición de motivos argumenta que "Ceuta presenta los indicadores de pobreza y exclusión social infantil más elevados de España y de la Unión Europea. Aproximadamente doce mil niños y niñas (el 55,5% del total) viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de pobreza (menos de un 60% de la renta media del país). El 13% de los niños y niñas ceutíes sufren privación material severa. Esto quiere decir que viven en hogares en los que no se puede pagar la vivienda ni las prestaciones básicas (alimentación adecuada, calefacción o afrontar cualquier gasto imprevisto)."

"Ante este desolador panorama", Caballas considera que la acción del Gobierno de la Ciudad, ya sea mediante programas directos o indirectos, "es notoriamente insuficiente. Podríamos decir que incluso insultante".

Estiman que a "la insuficiencia presupuestaria para abordar esta cuestión, que consideramos primordial, se añade una absoluta descoordinación entre los instrumentos disponibles y la ausencia de criterios que permitan rentabilizar de manera eficiente todos los recursos disponibles, entre los que incluimos las acciones desarrolladas por entidades ciudadanas".

Por ello, citan las acciones llevadas a cabo en diverso municipios, "aquejados de un problema similar, se han constituido redes específicas para actuar conjuntamente, e incidir de manera coordinada, eficiente y efectiva sobre la población infantil y adolescente en riesgo de exclusión social".

Caballas concreta que la finalidad de estas redes sería detectar y prevenir las situaciones de riesgo de exclusión social de menores; Coordinar la acción municipal en esta materia entre la Ciudad y las asociaciones y entidades que trabajan en este ámbito y Elaborar un Plan de Acción para combatir la exclusión social con la participación de todos los sectores implicados (Gobierno y sociedad civil), que defina criterios y programas de actuación.