El grupo político
Caballas asegura que con el nuevo reglamento de Alojamiento Alternativo se avecina una “oleada de desahucios” y la “criminalización de la gente pobre”. Todo ello, acusan, debido a la “política de recortes de las prestaciones sociales” en una ciudad como Ceuta, donde el umbral de pobreza alcanza a más del 40% de la población, según el partido de la oposición. Reiteran que con la falta de un parque de vivienda pública, no pueden “permitirse el lujo” de recortar en este tipo de prestaciones y “no atender la importantísima demanda de ayuda al alquiler que hay en los servicios sociales”. En su día, Caballas planteó la suspensión del límite de tiempo para poder beneficiarse de esta prestación, cifrado en ese momento en los 60 meses (cinco años), lamentado que no sólo no se haya tenido en cuenta esta petición, sino que se ha recortado el periodo para poder cobrar esta ayuda. Esta formación incide en que la Ciudad no le puede “dar la espalda” a las personas que necesitan este tipo de ayudas considerando que es una “aberración dejar en la calle cientos de familias por una política presupuestaria basada en los recortes sociales”, sentenció Caballas.