Caballas acusa al PP de plegarse al delegado con el tema de las cédulas

Encendido resultó el debate plenario de ayer en torno a la anulación del artículo 15 de la ordenanza reguladora de la concesión de cédulas de habitabilidad, en cumplimiento de la sentencia dictada el pasado diciembre por el TSJA y que ya es firme. El concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, acusó al PP de permitir, al no haber recurrido la

sentencia, una condena para las más de mil familias que vivirán sin suministros básicos ya que sus viviendas se encuentran fuera de la ordenación urbanística. “Hoy es un día triste para esta ciudad”, advirtió Aróstegui, “porque vamos a dejar que haya personas que no puedan ni encender la luz”, aclaró. Y como se esperaba, el de Caballas situó en el centro de todas las responsabilidades al delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, porque ha querido “castigar y sancionar a esas familias”, advirtió. “Todos tienen derecho a vivir con dignidad, si no creemos en esto no avanzamos”.
Aróstegui extrapoló la aprobación de la anulación de este artículo, con el que se acata la sentencia que impide facilitar suministros básicos a viviendas que carezcan de cédula de habitabilidad, a una oposición a la convivencia. “La imagen que tenemos es la de un delegado que pierde el tiempo recurriendo un acuerdo plenario en vez de preocuparse por la sanidad, la seguridad o la frontera”, espetó, lamentando que el PP en la Asamblea haya optado por defender “sus intereses” en vez de “los principios”. “Que la gente no tenga cómo vivir es intolerable”, criticó, adelantando que por parte de su Grupo harán lo posible por buscar alternativas.
Las advertencias del localista, que llegó a reprochar a los populares encabezados por Vivas de plegarse ante “los halcones” del PP, obtuvieron su esperado rechazo por parte de la consejera de Fomento, Susana Román, que tildó de “demagogo” al concejal, aprovechando para hacer una “férrea defensa” a la gestión del delegado. Román quiso encuadrar el problema con la dispensa de suministros a las viviendas ilegales en algo que afecta a muchas comunidades, “porque es un debate abierto en toda España” y les recordó a los localistas que al Pleno no le podía quedar otra que votar este punto anulando el acuerdo previo porque existía una sentencia judicial que debía ser acatada y en la que se deja claro que el Gobierno carece de competencias en este ámbito.
“Nosotros queremos dar una respuesta, pero nos hemos encontrado con un problema legal”, señaló. “Instancias jurídicas más altas nos han corregido”, recordó, como algo que no podía evitarse a pesar de que cuando el asunto llegó a pleno “veníamos con todos nuestros informes hechos”. De esta manera negaba las acusaciones de improvisación o de haber empezado “la casa por el tejado” que le había efectuado previamente el PSOE.
Pero sin duda el debate estaba ceñido a las dos grandes formaciones: PP y el primero en la oposición, Caballas. Así que Aróstegui no bajó el nivel de su discurso al afear al Gobierno de ser inflexible ante la situación en que quedan familias, escudándose en un cumplimiento de la ley que “siempre beneficia a los poderosos”. De hecho les tuvo que recordar cómo Defensa mantiene el 40% del suelo en Ceuta ocioso sin que por parte de la Ciudad se le haga apremio alguno por variar esta situación.
“Aquí existe un problema político de fondo, porque ¿cuántas decisiones del pleno han sido recurridas por el delegado? Solo esta”, advirtió, señalando que detrás de todo esto estaba la idea extendida por la Delegación de que permitir esos suministros básicos a viviendas fuera de la ley era algo así como un paso previo “para legalizar el asentamiento de marroquíes. Cuando la legalidad se enfrenta a las personas, algo falla”.
El acuerdo plenario alcanzado entre PP y Caballas y ahora tumbado había abierto la puerta a que aproximadamente 200 familias que habitan viviendas ilegales pudiesen acceder legalmente a suministros básicos de luz y agua.

¿Qué supone la anulación del artículo 15?

Después de que el Pleno dejara ayer sin efecto el artículo 15 de la ordenanza que regula la concesión de cédulas de habitabilidad en cumplimiento de una sentencia del TSJA, se tumba la posibilidad de regularizar el suministro básico a viviendas fuera de la ordenación. El artículo 15 fue el que el Pleno modificó para establecer un régimen especial para que en aquellas viviendas realizadas sin la preceptiva licencia o contraviniendo los términos de la misma se pudiera autorizar con carácter excepcional la contratación provisional de los servicios básicos con las compañías suministradoras hasta tanto en cuanto se resolviera el procedimiento de la legalización.
"Ya hemos iniciado los trabajos, para basados en la sentencia y en la normativa de aplicación, iniciar una nueva redacción que dé respuesta a la cuestión real de la existencia de casas que no pueden tener acceso a suministros básicos”, explicó Román.
"La sentencia se basa en que la normativa de aplicación ha de ser la Ley del Suelo de 2008", indicó. “Dice la sentencia que la regulación que se pretende de las cédulas, y más específicamente, el artículo 15 en su regulación especial excede de lo que es la mera competencia en vivienda”, aclaró.