Sociedad

Burla a la clausura de los parques infantiles: un decreto que no se cumple

Un vecino denuncia la presencia de menores y adultos jugando en el parque de Juan Carlos I, en la zona infantil, sin que la Policía, a pesar de la llamada, hiciera acto de presencia

Las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias en Ceuta para reducir el número de casos de coronavirus no siempre son seguidas por la ciudadanía. Y esto no solo ocurre con las recomendaciones o sugerencias, pues también pasa con otras restricciones más recientes como la clausura de parques infantiles y pistas deportivas así como el cumplimiento de las últimas restricciones decretadas por la Consejería de Sanidad como el impedimento de usar estas infraestructuras para la práctica de juegos que pueden incurrir en más riesgos.

Un ejemplo de ello lo daba esta misma noche de sábado un vecino que paseaba junto al parque Juan Carlos I, en los bajos de la Marina, que decidió llamar al 112 tras observar como decenas de menores, según sus estimaciones, se encontraban jugando en ese mismo parque que había sido cerrado por las autoridades sanitarias ceutíes. A su lado, sus padres contemplando la escena.

La llamada a los servicios de emergencia, cuenta este vecino, la realizó a las 21:34 horas de este mismo sábado y, aunque desde el otro lado del teléfono le comunicaron que iban a notificar este suceso a la Policía, nadie había aparecido en el lugar tras aproximadamente una media hora desde dicha llamada. Poco después, matiza este vecino, se marchó del lugar y no pudo comprobar, por tanto, si finalmente acudió o no la Policía.

Semanas desde el cierre del parque Juan Carlos I

Fue a finales de septiembre cuando el Gobierno de Ceuta puso sobre la mesa este decreto para, entre otras cosas, cerrar la Marina, así como las pistas deportivas y los parques. Una medida que vino con cierto retraso al ser trasladada a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, bajo criterio de la Consejería de Sanidad “por seguridad jurídica” pese a que los jueces no pueden, ni deben,  asesorar u opinar nada sobre un decreto político. Sin embargo, esta normativa pudo finalmente salir adelante como una de las formas de prevención ante el avance de la pandemia.

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