Hace tres décadas en plena Avenida de Lisboa, limitando con el acceso a la barriada de Varela, Enrique Pereira estableció su humilde negocio que por aquel entonces se perfilaba como una novedosa apuesta en materia hostelera y que supuso toda una revolución. El quiosco ‘Burguer Socio’ se ha convertido en un auténtico baluarte en el negocio de la comida rápida en la ciudad. Qué ceutí no ha pasado por este pequeñito lugar para dejarse embriagar por los sabores de Enrique, un trabajador nato que no ha cesado su actividad en estos treinta años. Un trabajador que con sudor y lágrimas se ha desvivido para mantener, “con mucho esfuerzo”, en pie a un negocio que, injustamente, parece tener los días contados o, al menos, eso le han hecho saber a su propietario.
Enrique se encuentra inquieto, aturdido, invadido por la ansiedad y el miedo de ver cómo en muy poco tiempo puede echar definitivamente la persiana. De cómo ese discreto pero gran quiosco puede quedar demolido. Él ya no puede hacer más. El asunto está en manos de su abogado desde que hace cinco meses los terrenos anexos cambiaron de titular. Un nuevo propietario con pretensiones inmobiliarias y que no contempla en su horizonte al quiosco de Enrique, el cual, supuestamente, se asienta sobre suelo municipal. “El propietario dice que la zona en la que se ubica el quiosco le pertenece, pero nosotros poseemos la nota simple con este trocito que está a nombre de mi padre y por el cual pagamos religiosamente todos los impuestos”, explica su hija, Jessica Pereira.
En pleno debate por hacerse con la titularidad de ese pequeño espacio, los Pereira denunciaron al propietario de los terrenos por querer emprender “una construcción ilegal”. Un asunto sobre el que existe un procedimiento judicial abierto y en base del que afirman que se “debería haber paralizado esa obra hasta que se resuelva”. Sin embargo, esos terrenos registran una incesante actividad desde hace un par de semanas. Las maquinas trabajan a destajo a plena luz del día a pesar de que los agentes policiales se han presenciado en varias ocasiones para paralizar los trabajos.
Por su parte, la Ciudad todavía no ha emitido ninguna orden de derribo o desahucio, aunque sí le ha manifestado a Enrique que debe abandonar su actual ubicación, sin proporcionar una mayor explicación y avivando la llama de la incertidumbre y el pavor en la familia de Enrique. “Desconocemos el porqué, ya que en su momento nos concedieron una licencia de apertura indefinida”, expresa Jessica.
La hija de Enrique, que se ha erigido como portavoz de la familia, no muestra una actitud rígida respecto a la decisión adoptada por la Administración aunque, por supuesto, existe un condicionante “ya que quieren ubicarlo en otra zona, pero nosotros debemos afrontar todos los gastos”.
Una inversión a la que Enrique es incapaz de hacerle frente. A escasos dos años de jubilarse este trabajador debería hipotecarse el resto de sus días. “Es una trampa para empezar un negocio de nuevo y que mi padre no puede encarar”.
Lo tienen claro, la solución: una indemnización o que le proporcionen un nuevo establecimiento en el lugar que ellos deseen, de lo contrario la lucha y la perseverancia es el arma con la que juegan. “Es una familia grande la que está manteniendo y no nos vamos a ir de rositas”.
Jessica insiste en que han cumplido como ciudadanos “con todos nuestros pagos correspondientes y tenemos todos los papeles en regla”. El horizonte no se presenta esperanzador pero no desistirán. Han sido tres décadas sudando y levantado un negocio que, lejos de desaparecer, deja desamparada y sin solución a toda una familia.
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