Buitres en el horizonte

Por enésima vez, el gobierno de la Ciudad dice que va a llevar al Pleno de la Asamblea la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta. Ahora parece que existen razones de peso para dar este paso. Por un lado, el Ministerio de Defensa ha solicitado la previa aprobación del PGOU para poder cerrar posibles acuerdos de venta o cesión de algunas parcelas por las que se han interesado las autoridades ceutíes. Y por otro, ha surgido el problema del realojamiento de las familias que van a verse afectadas por los expedientes de recuperación del dominio público marítimo terrestre en la zona de Benzú. Todo esto forma parte de un ir y venir respecto a la aprobación de un documento del que llevan años diciendo que su aprobación va ser inmediata, pero que luego no llega a producirse. Nosotros percibimos que la voluntad de base es que no desean un PGOU que pueda dificultar lo que llaman eufemísticamente “oportunidades”. Es decir, que mañana al consejero de turno o cualquier promotor, constructor o empresa, se le ocurra un proyecto grandilocuente o un negocio redondo, se lo pongan encima de la mesa de la máxima autoridad de la Ciudad y obtenga de ésta su beneplácito y apoyo. Pero, claro, está la otra cara de la moneda. Ciertas operaciones urbanísticas requieren que figuren en el PGOU si no quieren enfrentarse a una compleja y lenta tramitación administrativa de modificación puntual.
Sea como sea, “parece”, y lo ponemos entrecomillas porque no terminamos de creérnoslo, que la fecha de aprobación inicial del futuro PGOU está cerca. Nosotros, como suponemos muchas otras personas y colectivos, estamos expectantes sobre el contenido de un documento del que hubo un avance hace seis años y que ya suscitó un intenso debate sobre las zonas previstas para la expansión urbana de la ciudad. En torno a los dos espacios inicialmente contemplados, el Monte Hacho y las inmediaciones del embalse del Infierno, han surgido importantes cortapisas desde organismos dependientes del Estado. La más reciente ha sido la negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que se ocupe la parte baja del arroyo del Infierno. Sin lugar a dudas la discusión sobre las zonas para el crecimiento de la ciudad va a ser un asunto candente y clave en el devenir del futuro de Ceuta y su sostenibilidad.
El otro tema que pensamos va centrar nuestro análisis y crítica es el de la protección del patrimonio arquitectónico. Hasta ahora no ha trascendido nada respecto al listado de inmuebles que constituirá el catálogo de edificios protegidos por la normativa urbanística. Para nuestra desgracia muchos edificios que hubiesen merecido formar parte de esta lista han sido víctimas de la piqueta. Las heridas causadas por la especulación urbanística en nuestro tejido urbano de carácter histórico aún son visibles. Algunas permanecen abiertas. Son los abundantes solares dispersos por el centro de la ciudad. Otras heridas han sido mal cicatrizadas con edificios disonantes y antiestéticos que han dejado una permanece marca en la sensible piel urbana de nuestra ciudad.
Con la explosión de la burbuja inmobiliaria, promotores y constructores han perdido la fuerza y empuje de antaño. Pocos se atreven o pueden arriesgarse a iniciar nuevas promociones de viviendas. Los bancos no les dan un duro ni a ellos para construir ni a los posibles clientes para financiar su compra. Sus empresas, como todas las que surgen según los principios capitalistas, fueron concebidas a partir de la errónea idea de que el mercado inmobiliario es infinito y que el valor de sus activos siempre iba  a crecer. Pocos se preocuparon de diversificar sus negocios o reorientar sus empresas hacia la rehabilitación de inmuebles. Es verdad que tampoco las autoridades hicieron mucho para promover esta transición. Todos estaban cómodos en una situación que generaba un auténtico río de dinero. El caudal era de tal volumen que empapaba hasta las capas más bajas del substrato social.  
Las mentalidades, como sabemos, tardan mucho en cambiar. Las nuevas ideas y concepciones sobre la arquitectura y el urbanismo chocan de frente con estas mentalidades ancladas en un pasado que ha dejado un desolador paisaje de centros históricos arrasados, líneas de costa sepultadas por toneladas de hormigón y paisajes deteriorados por la presencia de cientos de construcciones disonantes. Es muy difícil vencer a la compleja red de intereses, prebendas y corrupciones que ha extendido sus hilos por  las oscuras estancias del complejo del poder. La única posibilidad de romper esta red reside en la voluntad y esfuerzo de los ciudadanos para abrir de par en par las puertas de los cenáculos en los que se deciden el presente y futuro de nuestras ciudades. En principio, -obligados por las normativas legales nacionales y europeas-, el acceso a los habitáculos de decisión urbanística y a los escritos en los que se plasma el destino de los centros urbanos es libre. Pero pocos se interesan por lo que allí se cuece. Además, aunque los expedientes urbanísticos pueden consultarse, su comprensión no está al alcance de todos, ya que han sido codificados por los responsables y trabajadores de este negociado del circunloquio dickesiano.
Estas mentalidades especuladoras, codiciosas, insaciables y nocivas de las que venimos hablando no se han dado por vencidas. Aunque saben que ahora no es el momento para actuar, debido a la falta de financiación, revoltean como buitres leonados sobre los edificios del centro histórico. Observen los inmuebles en peor estado y con más años de antigüedad. Cuando los tienen localizados, entran en contacto con sus dueños para proponerles acuerdos mefistofélicos. A cambio de la promesa de pisos nuevos y sumas importantes de dinero, el propietario del inmueble sólo tiene que dejarlos morir. El objetivo es doble: expulsar a los inquilinos que en régimen de alquiler ocupan el edificio y forzar un expediente de ruina por motivos técnicos o económicos. Esta es la táctica de caza de los buitres urbanísticos. Como es de sobra conocido, el estado central aprobó, en julio de 2012, la normativa de Inspección Técnica de Edificios (ITE) que es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Esta norma obliga a someter a los edificios de más de cincuenta años a inspecciones periódicas para valorar su estado de conservación. En caso de que resulte desfavorable, los dueños de estos inmuebles estarán obligados a subsanar las deficiencias detectadas si no quieren ser sancionados.
Para seguir el grado de implantación de la normativa de ITE, el Ministerio de Fomento ha creado el Observatorio ITE. En la página web de este organismo público ( HYPERLINK "http://www.iteweb.es/observatorio" http://www.iteweb.es/observatorio) aparece un mapa de España que nos facilita datos sobre la ITE en las distintas comunidades autónomas que conforman el mapa político español. Al pinchar sobre Ceuta se nos indica que no hay aprobada ninguna normativa específica sobre la ITE, ni información de interés, ni datos estadísticos sobre su cumplimiento. Y no es extraño que no haya datos, teniendo en cuenta que esta norma no se está cumpliendo en Ceuta. Tampoco la están cumpliendo, según consta en este observatorio, en Melilla. Sin embargo, nos consta por informaciones publicadas en la prensa que a mediados de junio del pasado año, el Pleno de la Asamblea de Melilla aprobó el Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones. En el debate plenario salió a relucir la importancia que tenía la aprobación de este reglamento para la protección y conservación del patrimonio arquitectónico melillense.
¿A qué espera el gobierno de la Ciudad de Ceuta para aprobar un reglamento similar al de Melilla para las ITE? Quizá esté esperando a la aprobación inicial del PGOU, momento en el que tendremos la oportunidad de cotejar el actual listado de edificios protegidos y el que pretenden aprobar veintidós años después. Será también una buena oportunidad para que nos expliquen qué ha pasado con algunos edificios, como el de la calle Real nº 2  o la lonja de pescadores que han sido derribados y aún siguen constando en el listado. Para comprobarlo no tienen más que visitar la página oficial de la Ciudad y consultar el espacio dedicado al patrimonio cultural de Ceuta. Estaremos igualmente atentos a aquellos edificios que están en la lista y mañana, tras la aprobación del nuevo PGOU, dejen de estarlo. Seguro que detrás de esta decisión se esconde la alargada sombra de un buitre urbanístico.