Opinión

Buitres de la DANA y el derecho a la información

La DANA nos ha mostrado la cara más solidaria de los ciudadanos de nuestro país. Miles de ciudadanos dispuestos a colaborar como voluntarios para ayudar a los afectados. Una muestra de solidaridad desinteresada que contrasta con unos pocos de golfos que, móvil en mano, han angustiado por las redes sociales a los miles de afectados y a los ciudadanos que recibían sus maliciosas y falsas informaciones con la intención de desestabilizar al país o ganar dinero.

Haciendo un repaso a las informaciones lanzadas por estos indecentes nos encontramos un vídeo que comunicaba falsamente que un buzo que trabajaba en el centro comercial Bonaire le había informado que el “centro comercial era un cementerio”.

Una información que se viralizó con el añadido reproche a la administración por no informar a los ciudadanos de lo ocurrido en el centro comercial.

No tardó mucho en salir un supuesto vídeo de un sargento de la UME que afirmaba que había encontrado “200 niños” y lloraba desconsolado ante esta tragedia. No se puede ser más ruin e indigno. Podría seguir con otros cientos de bulos, pero no vamos a reproducir tanta indecencia.

La maldad y las ganas de protagonismo de determinadas personas no tiene límites y aprovechan cualquier situación para intentar desestabilizar al país en un momento crítico con la única intención de ganar dinero, desacreditar a las instituciones, a las personas o ganar adictos a su causa.

La realidad es que estas personas, algunas influencers muy conocidos, no han dudado en lanzar falsedades manifiestas con la intención de generar negocio.

Las falsedades lanzadas por estos desechos de personas están perfectamente contrastadas como localizados están estos personajes que en momentos tan delicados aprovechan la ocasión sin ningún tipo de escrúpulos y con la supuesta tranquilidad de que sus fechorías no tendrán ningún reproche penal.

Desinformar, mentir a sabiendas, sabiendo mentir para sortear sus responsabilidades ante un tribunal. Ese es el oficio de estos despojos de ciudadanos, y los españoles deberíamos movilizarnos para protegernos de los profesionales bulos y falsedades.

No se trata de acabar con la libertad de expresión, se trata de que estos elementos no hagan caja y, por supuesto, proteger nuestro derecho a una información veraz como tenemos recogido en nuestra Carta Magna.

No quiero terminar sin referirme a esos ciudadanos que, conociendo a estos elementos compran sus mentiras. Ciudadanos que siendo antiguos profesionales se tragan que el teniente general Francisco Javier Marcos ascendiera de forma irregular sin haber ocupado rango intermedio.

Se lo tragan por mucho que algunos intentan sacarlo de su error, pero no dan el brazo a torcer por ese resquemor que no los deja vivir, ni razonar. Son víctimas de los profesionales del odio y tendríamos que protegerlos con leyes que no permitieran que en este país se pueda vivir de los bulos y falsedades.

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