Los gobiernos autónomos ceutíes desde la constitución democrática tienen ese aroma de familia que los identifica, en el mejor de los casos, con las ideas de expansión de la institución familiar hacia la gobernanza del conjunto, lo que llamaríamos hoy en día y desde el éxito del concepto de estado-nación, la sociedad. Hanna Arendt argumentó en uno de sus conocidos ensayos el papel retrógrado que la expansión de la gobernanza familiar ha tenido en las poblaciones de humanos sedentarios desde la desaparición del periodo político de gran participación ciudadana en Grecia. Es más, para esta autora, en aquel periodo crucial de Grecia se dieron las circunstancias para que se desarrollara una de las diferenciaciones más patentes que nos hace seres humanos sobre el resto del reino animal, esto es poder ser un animal político. Pero la política implica acción y discurso y por lo tanto implicación activa y constante en las cuestiones comunes, lo cual es algo muy diferente a las despóticas relaciones que se establecen muchas veces en el gobierno familiar y muy poco tiene que ver con la gestión burocrático-económica que es a lo que se dedican los llamados políticos en ejercicio que gobiernan la Ciudad Autónoma.
La familia busca sobre todo ocuparse de la supervivencia del grupo que la forma por ello no nos diferencia radicalmente de otros simios ni siquiera de otros mamíferos; es nuestra condición de estar liberados de la carga de estar buscando activamente alimento y refugio lo que nos hace plenamente diferentes. Las obras que son producto de nuestro trabajo y que merezcan ser imperecederos también se consideran atributos de la condición humana, aquellas personas que se conforman solo con los bienes materiales viven y mueren siendo más animales que humanos según el concepto de Heráclito que cita Arendt.
Quizá estos conceptos filosóficos son demasiado elevados para muchas personas que se consideran humanas por el hecho de hablar, soñar, practicar rituales, arar la tierra o coser ropa y posiblemente lleven razón. Pero no es menos cierto que la expansión del estado amparado en el concepto de bienestar nada tiene que ver con la participación política. Al menos, se puede conceder que existe conformismo hacia la democracia representativa y que los parlamentos son grandes cónclaves de notables enfurecidos por el control del poder. En parte, los parlamentos representan a unas tribus o facciones o familias luchando unas contra otras por los recursos. Por estos motivos, lo que llaman política hoy en día tiene mas de administración doméstica de una superfamilia con enormes tensiones de intereses que de un ejercicio moralmente elevado en beneficio de todos y dónde deben participar todos o casi todos. Pero claro, en la ampliación de este gobierno familiar al social, aunque este último se parezca más a un orfanato dickensiano, se perdió la calidad de la gobernanza y fue sustituida por la burocracia. Que viene a ser como servir bazofia en un plato con presentación de cocina de diseño.
Quizá por estos motivos, pensadores destacados en distintos ámbitos están coincidiendo en la urgente necesidad de cambiar ciertas estructuras del sistema actual para que entre todos avancemos social y políticamente. El buen gobierno o la buena gobernanza, si incluimos el actual complejo entramado de instituciones que interaccionan en la gestión de los recursos y en todo el proceso que se desarrolla, es aquel que se puede definir como transparente, participativo e inclusivo. Según Manuel Villoria Mendieta, “el buen gobierno local se caracteriza por aprovechar el aprendizaje social y estimula la eficiencia adaptativa en su comunidad al vincularse con ella a través de dispositivos y herramientas que perfeccionan la democracia a ese nivel incrementando su calidad”. Esto significa que este tipo de gobierno privilegia el intercambio de información entre gobierno y ciudadanos (que ahora toman su nombre con verdadera propiedad del término), favorecen el asociacionismo activo y arraigado al territorio. Por lo que todo esto serviría para desarrollar un solvente tejido social de compromisos con la gobernanza de todos pues este modelo participativo fluye en las dos direcciones y es a la vez representativa y participativa. Sin embargo, los gobiernos autónomos y anteriormente municipales se han comportado más como una gran familia de políticos que han estado despóticamente manejando los recursos de todos sin que realmente se hayan abierto cauces legales de participación ciudadana. La transparencia es uno de los objetivos primordiales de la buena gobernanza y en nuestra ciudad es una meta difícil y compleja.
Ceuta se enfrenta a su pasado de represión y mentalidad caciquil y los sucesivos gobiernos del partido actualmente en el poder de la ciudad han situado a la figura del burócrata en el centro del poder. Una clase de ricos provincianos cuyas fortunas provienen posiblemente de la época del protectorado circundan el centro del poder político como satélites en órbita y actúan como una élite extractiva de contratos sustanciosos o presiona para que le permitan rapiña económica normalmente con sabor a territorio. Asimismo, un grupo de profesionales de la política tejen las redes de relaciones prebendadas con otras capas de la sociedad en función de su adhesión al partido o por cuestiones de amistad o parentesco. Este panorama no parece que vaya a favorecer la transparencia a muy corto plazo en una ciudad Autónoma donde más del 60% del presupuesto es inversión de personal y por lo tanto todo o casi todo está atado y bien atado. No obstante, hay ciertos movimientos burocráticos para cumplir con la legislación vigente que podía denominarse transparencia opaca. Es decir, según Sosa (2011) que ha desarrollado una clasificación de modalidades de transparencia, se trata de proporcionar un montón de papeles a los ciudadanos para que ellos se abran paso entre la maraña de datos sin guiarlos para evitar el control ciudadano. Nosotros no hemos conocido una transparencia que guíe y auxilie para que exista un mayor control ciudadano salvo cuando afloran intereses particulares de algunos contra los otros. No se perciben intereses reales en beneficio de todos en el proceso de control a la gestión política; ni por parte del poder ni tampoco de la ciudadanía que claramente no se encuentra preparada o simplemente no desea implicarse en la gobernanza común. En cuanto a la oposición política, salvo algunos detalles, continúa siendo fiel a su sectarismo y solo se mueve para conseguir titulares y votos. No es un panorama distinto al de muchas ciudades y provincias españolas con las que compartimos la cultura de la opacidad en vez de la apertura.
En el caso de nuestra asociación hemos notado que desde la administración se nos han abierto algunas puertas, lo que Arnstein (1969) denomina el apaciguamiento, para calmar las ansias del ciudadano activo y comprometido que tiene algo que aportar. Por ello, se nos ha consultado pero dejando bien claro que la toma de decisiones continua siendo del poder y este no está dispuesto a compartirlo con tan poca representación de ciudadanos que si bien les podemos resultar incómodos no amenaza su estatus electoral seriamente.
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