La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada por el partido Por un Mundo Más Justo (M+J) contra el Gobierno de Pedro Sánchez por las devoluciones exprés de inmigrantes ocurridas en 2018 a través de la frontera del Tarajal y efectuadas en virtud del acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reactivó en verano del año pasado.
Bruselas ha notificado al partido que la denuncia “será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia y se comunicará al denunciante los resultados y cualquier medida adoptada en relación con su denuncia”, según el escrito de la Comisión.
“La Unión Europea, al admitir a trámite nuestra denuncia no hace más que darnos la razón. Un Estado de Derecho no puede saltarse principios tan importantes, dejando indefensos precisamente a los más vulnerables”, ha manifestado el candidato de Por Un Mundo Más Justo (M+J) a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 10N, Rafael Fernández, quien ha dicho que espera que "se dejen de practicar este tipo de acciones".
El partido denunció las devoluciones exprés acontecidas el 23 de agosto de 2018, cuando 114 personas fueron devueltas en apenas 24 horas desde Ceuta a Marruecos; así como las del 21 de octubre de 2018, que afectó a 55 personas que entraron de manera irregular a Mellila. En el caso de las primeras, los inmigrantes fueron entregados por el paso del Tarajal y este gesto se conoció gracias a una grabación en exclusiva de FaroTV.
"Estas personas no tuvieron acceso a intérprete, les asistió un abogado de oficio en apenas dos minutos y medio, hubo una sentencia exprés sin posibilidad de recurso, y una ejecución exprés de la expulsión", ha recalcado el portavoz de M+J, Alejandro Plans.
En la denuncia ante la Comisión, presentada por M+J el pasado marzo, se especificó que dichas devoluciones vulneraron la ley que regula el derecho de las personas migrantes a la asistencia de un abogado cuando pisan suelo español para garantizar su derecho al asilo.
Con esta denuncia, M+J quiere hacer hincapié en la "hipocresía que conlleva el vestir como legal un proceso que apenas duró unos minutos". Por ello, ha pedido al Gobierno que se garantice el derecho de los migrantes, al pisar suelo español, a contar con abogado, con un intérprete y de tener la posibilidad de recurrir sentencias desfavorables.
Tal y como explica el partido, si ha acudido a la Comisión Europea es porque no ha podido emprender acciones legales en España ya que para ello es necesario estar apoderado legalmente en condición de letrado por alguna de las víctimas que han sufrido una devolución.
Por su parte, los abogados que atendieron a los migrantes presentaron un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior para impugnar las resoluciones. Asimismo, presentaron recursos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
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