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Las Brigadas Verdes ven viable legal y económicamente su subrogación

El presidente del Comité de Empresa de las Brigadas Verdes, Mustafa Mohamed (CCOO), ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para presentar la alegación que el órgano de representación ha formulado al expediente de municipalización de la limpieza pública viaria con el propósito de que incluya la subrogación de la plantilla que ahora depende de la FPAV, 122 trabajadores.

“La municipalización se debe hacer en su integridad, incluyendo los servicios que presta Trace y los que prestan las Brigadas Verdes: limpieza diaria de playas; barrido diario de la explanada de Juan XXIII; retirada de enseres de todas las barriadas; barrido del Príncipe, Los Rosales, Juan Carlos I y Hadú; limpieza y recogida de basuras tras eventos como San Juan, la Virgen del Carmen, la Musal-la o la Feria; desmantelamiento de asentamientos de inmigrantes y limpieza de la explanada de embolsamiento”, enumera la enmienda.

El Comité defiende que el mecanismo que permite la subrogación del personal de Trace en una nueva empresa municipal, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, puede aplicarse a las Brigadas Verdes sin ningún conflicto legal, y que no hay “problema presupuestario”, pues la Ciudad ya asume íntegramente las retribuciones que abona la FPAV.

“Es una operación económicamente neutral, incluso beneficiosa para la Ciudad, que ahorraría una parte considerable de fondos que transfiere para otros conceptos ajenos a las nóminas”, ha advertido Mohamed.

El sindicalista ha argumentado que el director técnico del servicio “siempre ha defendido que la integración de las Brigadas en la limpieza pública viaria sería ideal” y ha opinado que su subrogación saldaría la “deuda histórica” existente con esos 122 trabajadores que, a diferencia de los que acabaron en Obimace, nunca han visto satisfecho el compromiso gubernamental de alcanzar estabilidad laboral definitiva.

“Este es el momento de solucionar el problema”, ha resumido Mohamed. Tanto el PSOE como Vox y Ceuta Ya! han trasladado al Comité de Empresa su disposición a respaldar su reivindicación, lo que garantizaría una mayoría a su favor del Pleno. “El MDyC tampoco ha dicho que no a la espera de ver nuestra alegación y esperamos que el equipo de gobierno [PP] mantenga su voluntad de darnos estabilidad, recapacite y acepte que nuestros argumentos son viables”, ha indicado.

El PSOE respalda la integración

El PSOE de Ceuta se ha pronunciado este miércoles para respaldar las reivindicaciones de los trabajadores de las Brigadas Verdes y apuesta por la integración de sus 122 trabajadores en la nueva empresa de limpieza pública viaria. Los socialistas tienen previsto presentar alegaciones al expediente de municipalización para la subrogación de la plantilla que ahora depende de la FPAV.

“Creemos que es una cuestión de justicia, el Gobierno de Vivas no puede abandonar a estas familias”, aboga Juan Gutiérrez, para quien “si realmente queremos un mejor servicio de limpieza pública viaria integrado y eficaz, no podemos prescindir de estos 122 trabajadores. Es cuestión de voluntad política, se quiere o no se quiere”.

Los trabajadores de las Brigadas Verdes, señalan desde el PSOE de Ceuta, han venido desarrollando una importante labor que el Gobierno no ha contemplado en sus cálculos para el proceso de municipalización: la limpieza de las playas, la retirada de enseres de la vía pública, la limpieza tras eventos como San Juan o la Feria, el desmantelamiento de asentamientos ilegales, la explanada de Loma Colmenar destinada a zona de espera para el paso de la frontera, o la limpieza de barriadas habitualmente olvidadas en este capítulo por el Gobierno de Vivas, como  Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, Rosales, Juan Carlos I y Hadú.

“Estos trabajadores realizan una labor muy valiosa y ahora no podemos darles la espalda. Si realmente queremos un mejor servicio de limpieza, la subrogación en la nueva empresa de estos padres y madres de familia debe incluirse en expediente de municipalización de la limpieza pública viaria, deben ser tratados en pie de igualdad con los trabajadores de Trace, el Gobierno no puede despreciarlos”.

El Faro

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