La consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha trasladado por escrito al Comité de Empresa de las Brigadas Verdes la respuesta que los representantes de la plantilla esperaban desde finales del año pasado a sus inquietudes en relación con un posible trasvase de la gestión de las mismas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), de la que han dependido hasta ahora, a Tragsa.
En su escrito, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, la miembro del Ejecutivo local, tras reunirse con Tragsa, garantiza a los trabajadores que si se decantasen por el cambio su Convenio Colectivo pasaría a ser el estatal de Jardinería con la jornada laboral de promedio en cómputo anual de 37,5 horas semanales y un salario “idéntico al del año de 2019”. “La estructura salarial”, precisa la consejera, “debería adaptarse a la del Convenio de Jardinería, que evidentemente no es exactamente igual a la del que ahora se está aplicando”.
En cualquier caso, “la vinculación a la bonificación existente [en las cuotas empresariales a la Seguridad Social] se mantendría excepcionando las correspondientes por la consideración de Centro Especial de Empleo, ya que Tragsa carece de dicha consideración”.
Con la empresa pública también se respetaría “la categoría que ostenta en la actualidad cada trabajador siempre que fuese compatible con el Convenio de Jardinería” y “en cualquier caso” se mantendrían los sueldos.
Con Tragsa también se respetaría “la antigüedad de cada trabajador” y “las áreas funcionales actuales”, así como “la adscripción actual de los trabajadores a cada una de ellas, aunque las necesidades del servicio, en función del encargo a Tragsa, podrían motivar cambios”.
“No se producirá ningún tipo de cesión o adscripción del personal a otra entidad”, deja claro también Chandiramani, “salvo que se cuente con el visto bueno del trabajador y este se ajuste a la legalidad”.
“A niveles intermedios” tampoco habría cambios en “la estructura de mando”, aunque ello también está sometido a posibles modificaciones “en función de los requerimientos del encargo” que debería hacer la Administración autonómica, de cuyos fondos depende el sostenimiento de las Brigadas Verdes con 3,5 millones de euros al año de desembolso.
El escrito de la consejera de Medio Ambiente a los representantes de la plantilla de Tragsa establece que “de manera genérica” los trabajadores con más de 65 años “podrán mantenerse en activo siempre que su estado físico lo permita”. Dado que en las Brigadas Verdes hay algunos que “la superan ampliamente” la intención del Ejecutivo local es que aquellos que puedan hacerlo se jubilen “siempre que sea posible de mutuo acuerdo”. De hecho, el articulado del Convenio Colectivo estatal de Jardinería que sería de aplicación con Tragsa “no prevé expresamente la jubilación forzosa por edad”.
La consejera de Medio Ambiente ha aprovechado su contestación a las preguntas que los representantes de la plantilla de las Brigadas Verdes acordaron en noviembre plantear a Tragsa antes de decidirse a salir de la FPAV por sus problemas económicos para insistir en que “la voluntad de la Ciudad, aunque es muy difícil contemplar lo que va a suceder a más de un año vista, es garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que conforman la plantilla de las Brigadas Verdes y mejorar el servicio que estos prestan”.
El Ejecutivo local consideraba en noviembre que dicho propósito pasaba “fundamentalmente” por “un cambio en el modelo de gestión que desvincule a las Brigadas Verdes de la FPAV”, ya que estas últimas arrastraban problemas de justificación de subvenciones que, en aplicación de la Ley, podrían terminar haciendo imposible que siguiese siendo beneficiaria del convenio anual de las Brigadas.
Según fuentes conocedoras de la situación, la Federación ya ha reconocido formalmente la existencia de cantidades de dinero público recibido sin justificar y está intentando alcanzar un acuerdo para fraccionar su pago con la Administración.
Los trabajadores de las Brigadas no se decidieron en noviembre a pedir salir de la FPAV con la aspiración de entrar en alguna sociedad municipal como Obimace, algo inviable si no es con un proceso de selección abierto.
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha publicado las preceptivas resoluciones con la composición de los Tribunales, los lugares de celebración y las fechas de las pruebas para Bolsas Uniprovinciales de Francés de Secundaria y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), Música de Secundaria y Estética de FP.
En el caso de las de Música, el llamamiento a la prueba de acreditación de conocimientos de todos los aspirantes (que deberán ir provistos de DNI o pasaporte) tendrá lugar mañana a las 9.00 horas en el IES Siete Colinas. El examen consistirá en la elaboración y diseño de una Unidad Didáctica durante un máximo de dos horas.
Mañana será también a la misma hora, pero en la EOI, el llamamiento para la prueba de la lista de Francés de Secundaria con una parte de examen gramatical y otra de comprensión oral.
El llamamiento a la prueba para los candidatos a la lista de Francés de la EOI será pasado mañana a las 9.00 en la Escuela Oficial de Idiomas. Incluirá una primera parte escrita y una entrevista oral (de hasta una hora y media y diez minutos, respectivamente), esta última solo para quienes superen la criba gramática y de comprensión.
En el caso de Estética de Formación Profesional el llamamiento está convocado también pasado mañana, en este caso a las 9.30 horas en el IES Luis de Camoens (con entrada por la puerta ubicada enfrente del CEPA Miguel Hernández).
La prueba también constará de una parte escrita eliminatoria y otra práctica.
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