Inmerso de nuevo en la vorágine parlamentaria tras el periodo prácticamente inhábil de enero, el diputado nacional por Ceuta, Juan Bravo, quiere analizar posibles alternativas al enfoque actual del fenómeno de la llegada de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). El representante de la ciudad autónoma en el Congreso prevé verse hoy con el coordinador local de Izquierda Unida, el ex diputado autonómico Mohamed Haddu Musa, y espera tener en próximas fechas una entrevista con la jefa de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo.
El propósito de su encuentro con Haddu Musa es analizar y recuperar una idea que pareció echar raíces con fuerza hace diez años pero que finalmente se quedó en nada y por la que ahora vuelven a apostar, por ejemplo, en el Gobierno de Melilla: financiar la construcción de centros para Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) del Reino alauita en su territorio.
Según explicó ayer Bravo en declaraciones a este periódico, el consejero de Bienestar Social melillense, Daniel Ventura, acaba de volver a poner sobre la mesa la “repatriación con garantías de los menores, que es lo que prima, su interés superior”. “Hay que abrir centros de acogida allí pagados por España. Creo que hay interés, motivación y ganas de realizarlo pero hace falta que el Gobierno marroquí mueva ficha”, ha afirmado.
Bravo es partidario de, al menos, estudiar la hipótesis, por lo que se ha puesto en contacto con el líder local de IU, formación que hace años “planteó proyectos para este colectivo de menores”, para conocer más al detalle en qué consistían. Además, antes de elevar cualquier propuesta a las Cortes tiene pendiente otra cita con Palomo.
La Junta de Andalucía y el Gobierno de Marruecos incluyeron en sus Planes de Desarrollo Transfronterizo de la década pasada la construcción de hasta doce centros en el norte del país vecino “a modo de prevención para impedir que emprendan el viaje migratorio”. La Comunidad de Madrid, hace diez años, también se comprometió a financiar dos pero tales intenciones nunca se hicieron realidad.
El grupo de trabajo hispano-marroquí sobre inmigración también acordó con ningún resultado real la construcción de centros en Marruecos para los menores de ese país que fuesen retornados desde España, proyecto contra el que se posicionaron instituciones como la UNESCO.
Los acuerdos bilaterales solo permiten la repatriación de menores marroquíes si se puede producir una reagrupación familiar o para que queden a cargo de los servicios de protección del país vecino.
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