Bofetada jurídica al separatismo catalán

Desde hace unos cinco años vengo insistiendo en numerosos artículos que la independencia unilateral de Cataluña de España es una monstruosidad jurídica y el mayor de los disparates históricos. No existe ni la más mínima base histórica ni jurídica para que eso pueda ser así. Y he ido advirtiendo que la serie de falsedades, falacias y mentiras sobre las que se asienta todo el independentismo se iba agrandando cada vez más y que, si no se le oponían los medios disuasorios adecuados, terminaría por ser muy difícil de parar. Faltan ya sólo unos días para el anunciado “1-O” del referéndum ilegal, que con obcecación enfermiza los separatistas por fuerza pretenden celebrar. Y es que, se han valido de que han encontrado un campo abierto todo por suyo, sin ningún obstáculo que se les opusiera, en el que no han escatimado inventos, ensoñaciones y delirios sobre su “nación” catalana, su historia escrita al revés, travestida y desvirtuada, su añorada “soberanía” que nunca la tuvieron, porque desde las aulas académicas se ha ido educado deliberadamente así a las nuevas generaciones por el nacionalismo exacerbado, en el separatismo radical y en el sectarismo insolidario, con el “España nos roba”.

Todo, ha sido allí una constante y permanente invención y falsedad. Y “una mentira repetida mil veces, termina teniéndose por verdad”. En Cataluña esa ha sido la única voz que se ha oído y la única versión que se ha dado, la de los separatistas mentirosos. El Estado ha estado allí ausente y haciendo dejación de sus funciones pedagógicas para convencer a los catalanes de que la realidad es otra muy distinta: que si se independizaran no sólo perderían España sino también Europa, más el 40 % de sus mercados, el 35 % del PIB, vivirían peor, necesitan a España como España necesita a Cataluña, la mayoría no independentista pasarían a ser extranjeros en su propio territorio, grandes empresas huirían de Cataluña, se duplicaría los parados, con el hipotético nuevo estado nada tendrían seguro, no sólo se dividiría el territorio nacional sino también las sociedades española y catalanas, las familias y los sentimientos, etcétera.

Y como allí los círculos oficiales españoles no se lo han tomado en serio, ni se han llegado nunca hasta ahora a creer que lo de la independencia iba en serio y con todas las consecuencias, pues la bola secesionista ha ido engordando cada vez más, no sólo en Cataluña, sino que hasta se han permitido hacer proselitismo independentista extrapolándolo también con todo descaro al País Vasco, a Madrid, a partidos radicalizados, etc. Y, así, la sociedad catalana y española, pues no han percibido desde principio el grave peligro que el independentismo representa. En concreto, al Estado le ha faltado crear allí el caldo de cultivo necesario para que los catalanes pudieran contar con los elementos de juicio necesarios que contraponer al grave peligro que el separatismo radical conlleva.

Sin embargo, apenas el Estado ha asomado allí un poco en estos últimos días previos al referéndum, la sociedad ha comenzado a percatarse de la auténtica verdad, aunque tarde, y está reaccionando, más bien tras la forma tan torpe y burda como los separatistas han actuado con el sistema dictatorial de aprobar en un día sus “leyes” rupturistas. En cuanto que la Fiscalía ha empezado a actuar de oficio, el panorama algo ha cambiado. Por un lado, hasta 213 catedráticos y profesores de Derecho Constitucional han hecho público un manifiesto aseverando categóricamente que la pretendida separación de Cataluña de España es el mayor de los disparates jurídicos, al expresar:

“MANIFIESTO DE PROFESORES ESPAÑOLES DE DERECHO CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN. 1. La Ley catalana 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación es una norma claramente contraria al ordenamiento constitucional tanto por su forma de tramitación, con evidente vulneración de las normas parlamentarias y de los derechos de las minorías, como por su contenido, porque la Comunidad Autónoma carece de competencias para convocar referéndums. Así lo viene señalando una jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional desde que en su Sentencia 103/2008, de 11 de septiembre, declarara la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento vasco 9/2008, de convocatoria y regulación de una consulta popular.

2. Esa Ley catalana no tiene apoyo en el Derecho Internacional, como paradójicamente demuestra su Preámbulo, en el que tras alegar ese fundamento, no puede citar una sola resolución del Tribunal Internacional de Justicia. En sentido contrario, es de sobra conocido entre los especialistas el Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 20 de agosto de 1998, que niega la legalidad internacional de la independencia unilateral de Quebec. Y, desde luego, mucho menos lo puede tener en el Derecho de la Unión Europea, que consagra en su Tratado fundacional el respeto a la integridad territorial de sus Estados miembros. Tampoco cumple con los criterios para la organización de referéndum que establece la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

3. La misma tacha de falta de fundamento jurídico se puede achacar al Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña, al Decreto 140/2017, de normas complementarias para la realización del referéndum de autodeterminación de Cataluña, y a la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

4. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y sus resoluciones obligan a todos los poderes públicos y a los particulares; sin perjuicio, lógicamente, de que puedan no compartirse e incluso criticarse, como por lo demás hacemos los abajo firmantes en nuestros trabajos académicos cuando no compartimos sus decisiones.

5. Por todo eso, pedimos al Presidente de la Generalitat, a la Presidenta del Parlament y a todos los demás cargos públicos advertidos por las providencias del Tribunal Constitucional que, por respeto al Estado de Derecho, se abstengan de realizar cualquier acción que suponga eludir la suspensión de las normas acordadas por el Tribunal Constitucional, evitando así una grave crisis institucional. FIRMANTES A LAS 15h DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017”.

Lo anterior supone toda una bofetada jurídica a las mentiras compulsivas de los separatistas. Y es que ya no se trata de que cualquier leguleyo, al estilo machacón de Antonio Guerra Caballero, denuncie públicamente con sus artículos sus constantes atropellos contra la Constitución, las leyes y los Tribunales de Justicia, sino de especialistas expertos en la materia, catedráticos y profesores de Universidad, especialistas en Derecho Constitucional, que han analizado exhaustivamente la serie de desatinos chapuceros de los radicales independentistas.

Además, se ha producido también una importantísima declaración firmada por las cuatro Asociaciones de Jueces y Magistrados, que todavía dan al asunto mayor solidez y consistencia jurídica, aclarando a la opinión pública en general que la organización del referéndum catalán en base a las normas que de un día para otro han aprobado por un procedimiento sumarísimo, sin apenas debate, resulta un procedimiento totalmente ilegal, ilegítimo y claramente inconstitucional.

Pero la cosa no queda ahí. Paralelamente, se ha hecho público otro sonado manifiesto firmado por unos mil intelectuales, artistas y relevantes personalidades de izquierda, la mayoría de ellos catalanes, en el que se recoge lo siguiente: “Rechazamos el 1 de octubre como una trampa antidemocrática. Y llamamos a no participar en esta convocatoria, que es lo opuesto a un ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña. Es la alerta que lanzan un millar de firmantes, que se definen de izquierdas, publicada el día que escribo en EL PAÍS contra el ilegal referéndum de independencia en Cataluña. Cualquier demócrata, sea cual sea su posición ante la independencia, debe rechazar esta convocatoria, impropia de una democracia y tramposa”.

El texto, que argumenta en cinco claves por qué el referéndum del día 1 es una “trampa antidemocrática”, señala que la convocatoria del referéndum no es transparente, porque no establece un mínimo de participación, porque se ha hecho “relegando y marginado a las fuerzas políticas de la oposición”, porque se sustenta en leyes que se han aprobado “de forma exprés, en un solo día, tanto la ley de referéndum como las llamadas leyes de desconexión” y porque se trata de una convocatoria unilateral.

Los firmantes se definen como personas que rechazan las políticas del actual gobierno. O sea, nada sospechosos de estar políticamente contaminados con el gobierno central. Entre los firmantes, 37 son destacados catalanes, como la directora de cine Isabel Coixet; el diseñador Javier Mariscal; las actrices Mónica Randall, Julieta Serrano y Rosa María Sardá; el escritor Félix Ovejero o la catedrática Victoria Camps. Del resto de España, lo suscriben también los escritores Javier Marías, Ignacio Martínez de Pisón, Rosa Montero, Juan José Millás y Manuel Rico; el director de cine Fernando Colomo; el economista Juan Torres; el músico Miguel Ríos, y quien fue fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.

El manifiesto, que sale a la luz como publicidad, que incluso han financiado los propios firmantes con dinero pagado de su propio bolsillo, está promovido por “Recortes Cero”, una asociación para mí antes desconocida que se presentó a las elecciones por primera vez en 2014, y que ha impulsado otros manifiestos pidiendo un acuerdo de progreso entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos, entre otros. “Nuestro eje central es la redistribución de la riqueza, y pensamos que para un proyecto progresista la unidad y la democracia son temas fundamentales”, razona Nuria Suárez, portavoz de Recortes Cero. “Esto es inaguantable, es intolerable lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Qué Estado quiere montar una gente que se está saltando todas las leyes del Estado en el que está?”, dice a EL PAÍS Alfonso Villalonga, cantante y actor barcelonés. Eduardo Moga, también firmante (poeta catalán), añade: “Yo estaría a favor de un referéndum, pero siempre que fuera legal y con garantías, no como éste, que es contrario a la ley y a la voluntad mayoritaria de los catalanes”. Otro manifiesto pronunciándose contra el referéndum ha sido el del círculo de empresarios de España, con todo el significado y la influencia que en cualquier país tiene la decantación por la legalidad del mundo económico.

En el ámbito internacional, el periódico inglés Financial Times, de gran tirada mundial, asegura en un editorial que el referéndum no es válido para reclamar la independencia de Cataluña. Más hay que añadir también que el portavoz alemán, Steffan Seibert, ha afirmado que Berlín desea que «se mantenga la estabilidad en España. Y para eso es importante que en todos los niveles institucionales en España sea respetada la ley, naturalmente la Constitución». El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recientemente afirmó: «Sólo conozco un socio y un amigo, que es España, España toda entera, España en su conjunto». El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, respondió hace unos días, preguntado por el tema, reprobó: «Toda acción en contra de la Constitución de un Estado”, calificó el referéndum catalán como “una acción en contra del marco legal de la Unión Europea. Respetar el Estado de derecho y los límites que impone a quienes gobiernan no es una elección, sino una obligación». En julio pasado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también se expresó con contundencia: «Cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo porque se convierte en un Estado independiente, los tratados [Unión Europea] dejarán de aplicarse a ese Estado».

El asunto también está claro para las Naciones Unidas. En octubre de 2015, durante una visita a España, el entonces secretario general, Ban Ki-moon, ofreció nuevos argumentos contra los independentistas, subrayando que Cataluña no figura «entre los territorios con derecho de autodeterminación». Y el pasado julio, el organismo se negó a incluir al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, consorcio dedicado a lograr apoyo para el «procés», en su lista de observadores internacionales.

Hay una única excepción que no se les puede negar a los separatistas. Y es que han encontrado en su apoyo al “peso más pesado”, al venezolano Maduro, que su sólo nombre me releva de entrar en más detalles. Por lo que sólo me resta terminar diciendo, que: “Dios los cría, y ellos solos se juntan”.