El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, presentó este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados el informe anual correspondiente a 2020 que recoge varios asuntos relacionados con Ceuta y hasta 49 quejas y solicitudes de recurso focalizadas en nuestra ciudad.
Clave resulta, de nuevo, todo lo relativo al cierre de la
frontera del Tarajal y a las consecuencias que esto ha tenido
para muchos españoles atrapados al otro lado del paso. En la memoria de 2020, la institución considera “altamente positivo que, por motivos humanitarios y como consecuencia de los compromisos internacionales suscritos con
Marruecos, se haya permitido el cruce de fronteras de ciudadanos marroquíes para que puedan dirigirse a sus lugares de residencia en ese país”. Pero añade su “preocupación” por las personas atrapadas en Marruecos -españoles- para las que no se adoptó “en justa correspondencia y con base en el principio constitucional de igualdad” la entrada. “Se encontraban igualmente atrapados en la proximidad de los citados puestos fronterizos y reclamaban con insistencia que se les permitiese entrar en España”, recoge en la memoria.
“Las mismas razones humanitarias que llevaron a liberar del confinamiento y facilitar la salida a los ciudadanos marroquíes eran las que, con fundamento en el principio constitucional de igualdad y por razones de reciprocidad en el marco de las relaciones internacionales, permitían que se alcanzasen los mismos objetivos a través de la creación de un corredor humanitario que les permitiese su retorno a España con el fin de reanudar sus trabajos, reunirse con sus familiares o continuar sus tratamientos médicos con normalidad”, aclara el Defensor.
Han sido multitud de casos los narrados de españoles que no podían volver y que hacían alusión a la carestía de los precios del billete de los barcos de repatriaciones ofertados. Se quejaron sobre todo de falta de comunicación o información por parte de los consulados o embajadas, ausencia de respuesta a los correos que enviaban o la exclusión de personas de las listas de registro como potenciales pasajeros. También manifestaron sus dificultades para documentar la exigencia de requisitos para ser incluidos en las listas, la falta de plazas o problemas para trasladarse a los aeropuertos y obtener un salvoconducto que les permitiese no ser retenidos, amén del elevado precio de los billetes que llegaron a doblar el precio normal.
Fueron muchísimos los casos de españoles afectados, muchos de ellos de Ceuta
Fueron también relevantes las quejas relacionadas con la exclusión en las listas de pasajeros de menores de edad no nacionales que iban a fijar su residencia en España o reunirse con sus familiares; la pérdida de la vigencia de autorización de residencia o visado de extranjeros residentes en España como consecuencia de la demora en el retorno; la imposibilidad de regreso de españoles que viven en países en los que consideran que no se dan las garantías sanitarias mínimas para hacer frente a la pandemia; la necesidad de reincorporarse a su puesto de trabajo en una actividad esencial, así como la interrupción de la medicación para atender enfermedades de riesgo o la cancelación de citas médicas para continuar sus tratamientos.
A criterio de esta institución, se debería haber atendido a estas personas, significando que una medida de esa naturaleza coincidía en aquel momento con la favorable evolución de la situación epidemiológica en España y el inicio de la desescalada y, al tiempo, se ajustaba al Plan para la transición hacia una nueva normalidad, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, teniendo en cuenta la implementación de las medidas de control y aislamiento para personas contagiadas o que provengan de zonas de riesgo que se adoptaron con la publicación de la Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria.
Por ello, desde la institución se formuló a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Recomendación de facilitar, por motivos humanitarios, la entrada por los puestos fronterizos de Ceuta y
Melilla a los ciudadanos españoles y residentes legales que se encontraban atrapados en Marruecos “en situación de vulnerabilidad, como consecuencia de la pandemia, siempre que ello fuese posible en el marco de los compromisos internacionales”.
"Fueron muchos los españoles que se quejaron de la falta de canales”
El Defensor lamenta que no se haya aceptado dicha recomendación bajo la excusa de que el cierre de ambos puestos fronterizos estaba sometido a las prórrogas continuadas del Ministerio de Interior, por lo que cualquier apertura debía condicionarse a su decisión.
La Embajada dispuso aviones y barcos de retorno que permitieron la salida de 8.000 personas hasta julio de 2020 y los consulados informaban de los pasos dados.
El Defensor aclara que “siendo conscientes del esfuerzo realizado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que permitió que miles de ciudadanos regresaran a España, se ha de dejar constancia de que fueron muchos los ciudadanos que se quejaron de la falta de canales de comunicación efectivos que les permitiese disponer de información real y actualizada sobre las posibles actuaciones dirigidas a facilitar su retorno”.
Las obras del perímetro y la incidencia de la pandemia en el retraso de la del Tarajal
La Secretaría de Estado de Seguridad ha seguido informando durante este ejercicio anual sobre el proyecto de ‘Reforma integral y ampliación del puesto fronterizo de El Tarajal’. Respecto a la modernización y refuerzo de las infraestructuras perimetrales de seguridad de Ceuta y Melilla, se han retirado las concertinas y sirga tridimensional del lado español -esto en el caso de Melilla- y, actualmente, se está trabajando en la nueva estructura de valla y en el desvío de canalizaciones e instalaciones que afectan al trazado de la
nueva infraestructura de fibra óptica. La declaración de emergencia sanitaria de 14 de marzo de 2020, ha retrasado los plazos previstos para la finalización de las obras.
Insonorizar ventanas de los calabozos de los juzgados
Entre las quejas recibidas, el Defensor aludió a las de los vecinos próximos al Palacio de Justicia y a las de los propios trabajadores por el ruido de las personas que ingresan en los calabozos. Iniciadas actuaciones de oficio, se dio traslado de la situación a la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, cuyo personal técnico se desplazó a la Ciudad Autónoma de Ceuta para valorar posibles medidas para evitar eventuales molestias. Se determinó que una solución factible sería la insonorización mediante la colocación y sellado de tres ventanas anti sonido en la zona de calabozos y el consiguiente sistema de ventilación forzada en las citadas dependencias. Aprobada la oferta de la empresa que llevaría a cabo la obra, la Gerencia Territorial de Sevilla del Ministerio de Justicia estimaba que la obra estaría finalizada el primer trimestre de 2021.
Visitas a la Jefatura del CNP y a Punta Blanca, con incidencias
El Defensor destaca un año más la correcta atención que reciben los miembros de los equipos con ocasión de sus visitas de inspección, lo que permite culminar los
objetivos de la visita satisfactoriamente en todas las ocasiones. Pero en este informe anual alude también a las incidencias que se ha encontrado en algunas visitas, y señala en concreto a la girada a la Jefatura Superior y al centro de Punta Blanca. “Se trata, normalmente, más de inconvenientes que de incidentes, cuya consecuencia, que nunca es de gravedad, es que se produzca algún retraso en el inicio de la visita. Una vez comenzadas, no ha habido ninguna incidencia durante su desarrollo en el presente año. Si algo se pone de manifiesto es que los funcionarios que reciben al equipo visitador (aunque también de forma sorprendente funcionarios de mayor rango, como sucedió en el Hospital Psiquiátrico de Fuente Bermeja de Burgos), en ocasiones no conocen de forma suficientemente apropiada las funciones y atribuciones del Defensor”. Aclara la institución que “lejos de suponer un motivo de censura, se considera que es un estímulo para favorecer un mayor conocimiento e información sobre la institución, sus competencias y distintas formas de intervención”.