Ya son doce las autonomías en las que sus expresidentes reciben algún tipo de beneficio: cobrar una pensión vitalicia, un sueldo durante varios años o disponer de coches, funcionarios y oficinas. En Ceuta, estos líderes retirados también obtienen su reconocimiento.
Antes de Juan Vivas, que preside la Ciudad Autónoma desde hace 22 años, son tres los políticos que ostentaron esta responsabilidad con la aprobación del Estatuto de Autonomía: Basilio Fernández (PSOE), Jesús Fortes (PP) y Antonio Sampietro (Gil).
Así regula cada autonomía las retribuciones o beneficios de sus expresidentes, según el análisis realizado por EFE a raíz de la recuperación del Consejo Consultivo por la Comunidad de Madrid:
En Andalucía, cuando los expresidentes cumplan 65 años y cesen su actividad laboral tendrán derecho a una asignación mensual igual al 60 % de la retribución que corresponda a quien ejerza la presidencia de la Junta.
Por otra parte, desde su cese, tienen derecho a los medios personales y materiales necesarios para el sostenimiento de una oficina y de servicios de seguridad.
En Cataluña cobran una asignación equivalente al 80 % de la retribución mensual que les correspondía por su cargo, por un periodo de tiempo equivalente a la mitad del tiempo que ocuparon la presidencia y, cuando cumplen 65 años, pueden percibir una pensión de jubilación vitalicia.
En el País Vasco la normativa establece que los exlehendakaris tienen derecho a que, cuando lleguen a la edad de jubilación, el Gobierno vasco les complemente su pensión hasta el 50 % del sueldo anual por todos los conceptos que corresponda al cargo. En la actualidad el lehendakari tiene asignado un sueldo en torno a los 115.000 euros.
Los expresidentes de la Xunta de Galicia tienen derecho a percibir, durante un máximo de dos años desde su cese, una retribución del 60 % de lo que recibían como presidentes.
Además, tienen derecho por un periodo de entre cuatro y diez años, a un asistente y coche oficial con conductor.
En Navarra, los expresidentes, presidentes, consejeros y directores generales del Gobierno foral pueden cobrar hasta dos años el 80 % del sueldo que percibían.
La Asamblea de Madrid aprobó el pasado viernes la Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Educación de las Instituciones y los Organismos de la comunidad, por la que se ha recuperado el Consejo Consultivo.
Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los expresidentes autonómicos podrán formar parte de él y cobrar por su participación.
En la Comunidad Valenciana tampoco cobran sueldo o pensión vitalicia, aunque sí pueden formar parte del Consell Jurídic Consultiu y contar con una oficina de apoyo -con dos asesores y una plaza de conductor- cuyos medios sufraga la Generalitat.
En Castilla y León se pueden incorporar al Consejo Consultivo, donde cobran el mismo sueldo que los consejeros. Actualmente, el expresidente Juan Vicente Herrera (PP) ejerce esa potestad a cambio de un salario de 80.741,24 euros, lo mismo que los consejeros.
En Canarias se ha creado un "órgano asesor" que otorga a los expresidentes de la comunidad sueldos de consejeros y que, según Vox, tendrá un coste de 350.000 euros. Asimismo, quienes formen parte de este órgano podrán "de manera individual o conjunta" realizar estudios, análisis y emitir informes.
En Galicia y Castilla-La Mancha también pueden ser miembros del Consejo Consultivo, aunque actualmente ningún presidente de estas comunidades han aceptado.
En Castilla-La Mancha no perciben ninguna cantidad en concepto de indemnización por su cese como presidente, aunque sí tienen derecho a una secretaría de apoyo, dotada con dos personas, un local de oficina con los medios adecuados, un conductor y un automóvil de representación.
No obstante, ninguno de los tres expresidentes -José Bono, José María Barreda y María Dolores de Cospedal- hacen uso de estos privilegios.
En Extremadura, los expresidentes disponen de tres trabajadores y un vehículo. Ninguno tiene oficina física pero tienen derecho a percibir dietas e indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que le correspondan por la asistencia a actos en los que ejerzan funciones de representación a instancias de la Junta.
En Asturias no cobran nada pero puedan disponer de un local como despacho en dependencias del Principado y la asignación de un funcionario para realizar labores de secretaría.
En Aragón, Baleares, Cantabria y La Rioja los expresidentes no reciben ningún tipo de ventaja.
En Murcia, aunque no cobran ningún sueldo tras dejar el cargo, ostentan la condición de diputado regional y pueden ser también senadores y, en Ceuta, no tienen ninguna remuneración económica establecida aunque reciben un "tratamiento institucional".
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