“Una denuncia, automáticamente puesta por una madre, hace que se presente la Policía en el colegio y te retira de tu docencia”. Esta frase se escuchó en Ceuta en febrero de 2020, en plena Plaza de los Reyes. Han pasado seis años de aquello, de la expresión pública de un malestar de los docentes tras la detención de dos profesores señalados por casos de abusos sexuales.
Los dos quedaron penalmente desvinculados de cualquier delito, pero sus detenciones (uno de ellos llegó a estar en prisión preventiva) supusieron un basta ya dentro del colectivo que llegó a confesarse indefenso por esta situación.
A pesar de las críticas y del hartazgo de aquel entonces, poco ha cambiado en cuanto al funcionamiento de los protocolos.
Hace seis años hablaron todos: Delegación del Gobierno, Junta de Personal, sindicatos…, pero el tiempo dio paso al olvido y las historias se siguen repitiendo más o menos siguiendo las mismas pautas, sin que se hayan adoptado medidas que protejan a los niños, pero sin que ello suponga colocar una espada de Damocles sobre la comunidad educativa.
A finales de octubre de 2025, agentes de la Policía Nacional acudían de paisano a un centro educativo para llevarse detenido a un profesor. Lo sacaron del colegio en pleno horario escolar, recién iniciadas las clases. Lo hicieron sin las esposas colocadas, pero teniendo como testigos a sus compañeros. Lo subieron, después, a un vehículo camuflado estacionado justo a las puertas del centro.
Horas después quedaba en libertad y ahora existe ya un archivo de la causa dictado por el Juzgado número 5.
La historia se repitió como aquel 2020: el docente fue detenido, trasladado a la Jefatura Superior de Policía, después al juzgado y por último puesto en libertad, con la confirmación, ahora, meses después, del archivo de la causa.
Una denuncia por una supuesta agresión sexual (tocamientos) interpuesta por la madre de un escolar fue el origen, lo que llevó a seguir esa actuación, habiéndose practicado una extensa prueba con declaraciones de medio claustro del centro y dos preconstituidas, la del menor y un amigo de clase.
En el auto dictado por el Juzgado número 5, se concreta que, “de lo actuado, no aparece debidamente justificado que los hechos sean constitutivos de delito”, por lo que se notificó un sobreseimiento provisional y archivo de la causa confirmado en esos mismos términos por la Audiencia.
Fruto de la “instrucción exhaustiva” llevada a cabo para verificar o no la realidad de los hechos, no solo se acordó dicho archivo, sino que también se puntualizó, por ejemplo, que uno de los días en los que supuestamente habría tenido lugar esa agresión sexual, el docente no había impartido siquiera clase al alumno.
“Tras una instrucción minuciosa no quedan acreditados los hechos. Nada hay en el presente caso. La preconstituida del menor presuntamente perjudicado no atisba la comisión de hecho delictivo alguno del profesor hacia su persona. Ni siquiera la preconstituida del otro menor, amigo del afectado, ha servido para inculpar al investigado”, concluye su señoría.
Todas las declaraciones practicadas han servido para exculpar al investigado, por lo que “no existen indicios racionales de la presunta culpabilidad”, reseña.
Todos los profesores que comparecieron a lo largo de la instrucción manifestaron que nunca se quedaba el profesor a solas con ningún alumno, ni siquiera en su clase, ya que siempre coincide con otra. “Insisto no hay prueba que permita inculpar al profesor y, por ende, se acuerda el archivo provisional”, recoge en auto el magistrado.
Este asunto ha vuelto a recuperar el debate sobre aquello que se llegó a clamar en plena plaza de los Reyes, con docentes que se preguntaban cómo volver a dar mañana clases después de esto, reclamando otras medidas que no generen ese daño colateral.
“Hoy en día”, confesaban, “dedicarse a la docencia no resulta fácil”. Pedían tener el beneficio de la duda ante casos que pueden terminar incidiendo en la calidad de la atención sobre los alumnos.
Ese margen, esa duda, sigue naufragando en este tipo de asuntos. Asuntos delicados porque sobre la mesa se pone un tipo de denuncia de contenido delicado, con una balanza de complicado equilibrio.
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