La anunciada reestructuración policial propuesta por la consejera Yolanda Bel, que vive una auténtica luna de miel con los sindicatos del sector, tiene entre sus puntos más destacados la modificación de las funciones encomendadas a los mandos o la puesta en marcha de la Policía de Barrio. La propuesta pasa por redistribuir el grueso de agentes de acuerdo a un organigrama distinto. De acuerdo con esto se destinarían 60 policías a Tráfico, 26 a la UIR, 65 a la sala del 092, 30 policías a los distintos distritos en que se repartirán las barriadas, once para la vigilancia de los edificios públicos (Ayuntamiento), 17 para comunicaciones, un grupo de 10 para la unidad de atención a violencia de género que será de creación nueva, siete para el padrón municipal, 12 para los servicios administrativos, once para el gabinete de atestados, dos para almacén, tres para el mantenimiento de los vehículos, los cuatro escoltas, cinco agentes de la llamada policía administrativa, uno en el barrio de Benzú y cinco para el Príncipe.
Los mandos tendrán que salir a la calle, desarrollando su servicio en la vía pública para cubrir todas las horas del día en distintos turnos. Se pasará así de cubrir las horas que antes tenían en funciones llevadas a cabo en los despachos para “pisar la calle”, supervisando la labor que llevan a cabo los mandos intermedios y los policías. De acuerdo con este plan se pretende que los mandos se distribuyan por las distintas secciones de calle además de seguir atendiendo los servicios puramente administrativos.
Implantar la Policía de barrio es la apuesta que se esconde detrás de este planteamiento, ya que se trata de una promesa incumplida durante todo este tiempo. Bel quiere que con 30 policías se cubra este servicio y que con otros diez se atienda los casos de violencia de género, aunque la investigación de los mismos depende exclusivamente de la Policía Nacional. Para esta unidad se hará una formación específica a través y en colaboración con el Centro Asesor de la Mujer.
El futuro plan afectará también a la cúpula del Cuerpo. Bel lleva todos estos cambios en negociación directa con los sindicatos, que mantienen un hermetismo total. Los cambios que vaya a aprobar la máxima responsable en Gobernación deben llevar el respaldo de los líderes sindicales que están presentes en las negociaciones: UGT, CCOO y CSIF, que fueron quienes le trasladaron a la propia Bel sus quejas por el funcionamiento del Cuerpo y la toma de algunas decisiones que habrían creado malestar. En estas negociaciones no se ha hablado nada de la distribución de pluses o complementos ni tampoco de la creación de la dirección general de seguridad para la que incluso se llegó a barajar nombres.
