Categorías: Política

Bel defendió los criterios sociales introducidos en los Planes de Empleo

La consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, defendió ayer las modificaciones sociales que habían podido introducir el equipo de gobierno, tanto en el Plan de Empleo de las Corporaciones Locales como en el futuro, que está a punto de aprobarse, de la Administración General del Estado. Esta proclamación la realizó en la comparecencia que realizó en la jornada de ayer a petición de los partidos de la oposición para hablar precisamente sobre los Planes de Empleo. En relación con el Plan de Empleo de Corporaciones Locales, que ya ha comenzado, significó que existía una novedad como era la impartición básica de alfabetización a los jóvenes que no tengan ninguna instrucción o por ejemplo que se han valorado también en las puntuaciones a las familias con cuatro personas o más a su cargo. En cuanto al conocido como el de la Delegación adelantó que el mismo constaba de diecisiete programas en materias tan diversas como Medio Ambiente, Deportes, Ocio y tiempo libre o mantenimiento y que el mismo afectará exactamente a 1103 trabajadores, explicando que será aprobado seguramente esta misma semana.
En cuanto a las razones que habían provocado el retraso en su puesta en marcha indicó que los Presupuestos Generales del Estado no se habían aprobado hasta finales del mes de junio y que la razón que la Ciudad no asumiera de manera directa la gestión del Plan de Empleo de la Delegación se había producido porque el Ministerio entendía por razones técnicas y económicas que no se podía ejecutar esa partida y el trasvase a una Corporación Local, "pero ello no significa que hayamos cambiado de opinión y no continuemos creyendo que es mejor que la gestión la haga la Ciudad Autónoma. De ahí que se haya buscado la fórmula para que pueda ser posible y es lo que se va a hacer en cuanto los programas sean aprobados por el Ministerio de Trabajo".
No estuvo de acuerdo en las acusaciones de la oposición sobre la falta de criterios sociales, especificando que es la primera vez que hay un plan específicamente para jóvenes, que se ha multiplicados por dos veces y media el número de personas que pertenecen a familias sin ingresos, recordó otra vez que también puntúan las familias con más de cuatro miembros. Por otro lado, sentenció que salvo Ceuta, Melilla, Extremadura o Andalucía, para el resto de Ayuntamientos de nuestro país, no ha existido ninguna medida de políticas activas de empleo, "lo que viene a significar la importancia que tiene para el Gobierno central nuestro país".
No quiso pasar la oportunidad sin destacar el papel que había jugado el presidente Juan Vivas en el impulso con más vigor de estos planes de empleo, "porque nunca se han logrado poner en marcha con menos tiempo entre la convocatoria y el inicio de los trabajos que ahora".
Recordó que el PSOE, aún teniendo unos presupuestos en vigor desde primeros de año, en un ocasión, hasta mitad de noviembre no se pusieron en marcha los Planes de Empleo y que uno extraordinario que lanzó el ministro Caldera fue precisamente a las puertas de unas elecciones.

La desaparición de la UPD se analizó también en el pleno

Como no podía ser de otra manera y hablando de Planes de Empleo salió a relucir el tema de la Unidad de Progreso y Desarrollo (UPD) que durante todos estos años se habían encargado de la gestión de los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno y fue disuelta a mediados de agosto de este año, cuando se cumplieron los contratos de todos sus miembros. El asunto fue puesto encima de la mesa por parte del portavoz del PSOE, José Antonio Carracao, quien defendió que desde su punto de vista había existido intencionalidad política en la desaparición de esta unidad. En el intercambio de opiniones, fue la consejera quien especificó que la Ciudad Autónoma había sido muy clara desde el principio con la asunción o no de misma UPD. En primer lugar, aclaró que la Ciudad Autónoma jamás había tenido una relación contractual con los integrantes de esta unidad, pero que en todo caso advirtieron que si por parte de la Administración General del Estado existía una subvención, porque siempre se ha funcionado así, para que continuara por parte del Gobierno autonómico no se hubiera producido ningún problema en contar con ello, pero que al no existir esta cuestión, era imposible contar con ellos. 

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