"Basta ya" en los juzgados: rechazo al secretario de gobierno ante el caos de gestión

El “basta ya” se ha simbolizado este martes en el Palacio de Justicia de Ceuta. Es un basta ya de los funcionarios de los cuerpos generales de la administración judicial junto con LAJs, que solo 24 horas antes ya habían mostrado su rechazo en asamblea a la imposición de protocolos, instrucciones y cuadrantes de guardia en los juzgados.

Quieren además la dimisión del secretario de Gobierno. El plante es evidente. CCOO-Justicia ha estado respaldando esa carga crítica que anida en los funcionarios ante la pésima gestión en torno al proceso de acoplamiento a las nuevas oficinas judiciales de los Tribunales de Instancia.

Los funcionarios critican la opacidad del Ministerio de Justicia y sus representantes en Ceuta en ese proceso de acoplamiento del personal, así como la imposición de unas RPT que son consideradas ilegales.

Advierten, de hecho, que la falta de recursos y la improvisación van a terminar colapsando el servicio público de los juzgados en la ciudad.

Malestar por el “caos y la incertidumbre”

Los afectados no esconden el malestar existente por la situación tanto de caos como de incertidumbre que está rodeando la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, prevista en el marco de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

A pesar de que el proceso está en fases avanzadas de ejecución, el personal que trabaja en los juzgados se enfrenta a una “preocupante falta de transparencia” por parte del secretario de Gobierno, así como por el director general del servicio común de tramitación del Tribunal de Instancia.

Las solicitudes de información sobre cómo se llevará a cabo ese acoplamiento de los trabajadores a las nuevas oficinas judiciales han sido ignoradas. Por eso, en la asamblea de este lunes, los presentes ya reclamaron el cese del secretario de Gobierno, contando con el respaldo y apoyo de CCOO-Justicia.

RPT sin consenso, inseguridad laboral…

Critican la imposición de RPT sin consenso en los juzgados. De hecho, denuncian la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la oficina judicial sin haberse cerrado una negociación real con los representantes de los trabajadores, incumpliendo los compromisos previos del Ministerio.

Aluden a la inseguridad laboral, ya que el nuevo modelo organizativo amenaza derechos consolidados y genera incertidumbre sobre las funciones y destinos definitivos de la plantilla en los juzgados, en un escenario donde el Consejo General del Poder Judicial ya ha advertido que la reforma no cuenta con plazas suficientes para ser asumible.

Advierten del colapso del servicio público, destacando la falta de dotación presupuestaria y de personal para esa transición técnica y administrativa, lo que puede derivar en un bloqueo en la tramitación de los expedientes lo que perjudicará a la ciudadanía.

Atropello de derechos y movilizaciones previstas

El conflicto en justicia se agrava, se habla de atropello de derechos y se barrunta la organización de “movilizaciones inmediatas” si no se paraliza esta “implantación a ciegas” para abrir una mesa negociadora efectiva.

Los funcionarios no quieren al secretario de gobierno, piden al ministerio su cese por incurrir en una “gestión irresponsable” y la imposición de condiciones que son inaceptables para la entrada del Tribunal de Instancia en la ciudad.

Los funcionarios rechazan los protocolos e instrucciones impuestas en los juzgados, mostrando el rechazo a todas las instrucciones dictadas por el director general del servicio común de tramitación, que pretenden aplicarse sin contar con el consenso y opinión de profesionales.

Se oponen además a la entrada del sistema de tramitación integrada en las condiciones inasumibles y arbitrarias dictadas por el secretario de gobierno. Denuncian la pérdida de categoría de ciertos puestos y la falta de soluciones definitivas a problemas estructurales.