Basta de promesas: prohibir las embarcaciones de alta velocidad

Hace años El Faro de Ceuta abría con una portada con el título “Volando voy, volando vengo”, se refería a las embarcaciones de alta velocidad que salían del puerto deportivo de Ceuta para cargar droga en Marruecos y poner rumbo hacia la península. Después de realizar los pases de drogas regresaban al puerto deportivo de Ceuta con la impunidad que da no tener una ley que posibilitará intervenir estas embarcaciones y acabar con este negocio repugnante.

El dinero que ganaban lo invertían en coches y motos de gran cilindrada con los que circulaban a toda velocidad, muchos de ellos sin carnet de conducir. En Ceuta sufríamos lo que  están padeciendo ahora los ciudadanos del Campo de Gibraltar. Aquí también había niñatos envalentonados que no dudaban en enfrentarse o agredir a guardias civiles y policías; que no dudaban en quemar vehículos particulares de guardias y policías. Ese clima de violencia, impunidad, descontrol e inseguridad lo padecen ahora los ciudadanos del Campo de Gibraltar.

Fuimos los guardias civiles los que alertamos y denunciamos la necesidad de prohibir unas embarcaciones que sólo sirven para transportar droga, enriquecer a las organizaciones criminales y embestir con extrema violencia y sin escrúpulos a las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuando intentan detenerlos. Los ciudadanos son conscientes de la envergadura y ramificaciones de estas organizaciones criminales, porque hacen apología de su profesión; sufren su tiranía cuando conducen como locos vehículos robados cargados de drogas. Presumen de ser narcotraficantes y esa ostentación desmoraliza a los ciudadanos, porque perciben que el Estado de Derecho no es capaz de acabar con estas organizaciones criminales de golfos narcotraficantes.

Nuestro trabajo no fue sólo denunciar públicamente en prensa la necesidad de prohibir estas embarcaciones, nos reunimos con diputados del Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Delegados del Gobierno e hicimos el famoso informe 109 que remitimos al Defensor del Pueblo Andaluz. No se trataba de proteger sólo a los guardias civiles, se trataba de proteger a los ciudadanos, porque el dinero que genera esta actividad se traduce en inseguridad ciudadana, en violencia, en destruir familias y, como todo sabemos, en el menoscabo de la salud de millones de jóvenes.

En nuestro informe apuntábamos a la necesidad de hacer investigaciones patrimoniales de los narcos, a sus testaferros y familiares, porque había ciudadanos desempleados propietarios de embarcaciones que costaban más de cien mil euros; había ciudadanos desempleados propietarios de vehículos y motos de alta gama, en definitiva, había mucho dinero en circulación y mucha gente comiendo de este sucio e ilícito comercio. De esto pueden dar fe los propietarios y trabajadores de concesionarios de vehículos.

Desgraciadamente, muchos años después, estamos en el mismo lugar, aunque en Ceuta se acabó el trasiego de embarcaciones, los ciudadanos y guardias civiles del Campo de Gibraltar están sufriendo las mismas tiranía de estas organizaciones criminales. Ataques a guardias civiles, jóvenes endiosados por el dinero que genera la droga, jóvenes que no intentan progresar o buscar un trabajo digno, porque ganan mucho más trabajando en cualquier eslabón de estas bandas criminales.

Hace unos días una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Ceuta sufrió un accidente cuando intentaba detener a una embarcación de narcotraficantes. Los guardias civiles se jugaron la vida para intentar acabar con estas organizaciones criminales  que alteran la convivencia pacifica de millones de españoles. El accidente nos recuerda al sufrido por unos compañeros que desgraciadamente pasaron a la situación de retirado por las secuelas sufridas cuando fueron embestidos por una embarcación de narcotraficantes. Esta semana tres compañeros del Servicio Marítimo de Ceuta han sufrido lesiones de diversas consideración. En las dos ultimas semanas varios vehículos de la Línea de la Concepción han sido embestidos por coches lanzaderas de narcotraficantes lesionando a nuestros compañeros. ¿Cuántos guardias  civiles, policías o ciudadanos lesionados o muertos se necesita para ilegalizar estas embarcaciones?

AEGC no lo sabe, pero no nos quedaremos mudos ante la pasividad, o falta de decisión de los que tienen la responsabilidad y la obligación de ilegalizar unas embarcaciones que siembran el terror en el mar, en las calles y provocan el sufrimiento de millones de madres que ven a sus hijos enfermar por el consumo de sustancias estupefacientes.

En AEGC no sólo no nos quedaremos mudos, porque llevamos muchos años esperando una ley que prohíba las narcolanchas. Demasiado tiempo. Ya está bien de esperar.