La resolución de la denuncia del ex jefe del servicio de Oftalmología está cada vez más cerca. Después de las pesquisas, el juicio oral llega a la sede en Ceuta de la Audiencia Provincial de Cádiz el próximo tres de marzo de 2026 a las diez de la mañana.
Esa es la fecha establecida en el último auto emitido por la sección seis del órgano judicial para iniciar las sesiones del proceso en relación a dos presuntos delitos, uno de prevaricación y otro de acoso. El documento, al que ha tenido acceso El Faro, revela que en el banquillo se sientan, entre otros procesados, el gerente de atención sanitaria y el director médico.
Los otros dos también se corresponden con altos responsables de Ingesa tanto a nivel territorial como nacional. Cuatro personas se darán cita ante el ministerio fiscal para tratar de esclarecer los hechos que expuso el facultativo ante las autoridades el pasado 2023.
A partir de ese año, su testimonio pasó por un primer proceso que quedó estancado en un sobreseimiento en primera instancia. Tras interponer un recurso, la Audiencia ordenó reabrir las diligencias, un trámite que ha derivado, finalmente, en la celebración del juicio dentro de nueve meses.
El comunicado, datado el 29 de mayo, es el siguiente paso en el caso tras el dictamen del juzgado de instrucción número cinco de la ciudad. El mismo indicó que se “pudieron cometer” dos presuntos delitos, uno de prevaricación y otro de acoso. Consideró que “existen indicios suficientes” y que ello “justifica la continuación”.
El exjefe del área especializada ocupó el puesto durante 18 años. Respecto al primero de los nombrados, indicó en sus declaraciones que el procedimiento convocado por Ingesa para cubrir su cargo estuvo marcado “por irregularidades”.
Algunos detalles con los que lo ilustró fue que no fue publicado en canales habituales en estos supuestos, que no se usó el baremo “adecuado” y que incluso se empleó Whatsapp para hacer anuncios sobre el asunto. Los sucesos señalados fueron tratados de forma interna, pero, finalmente, decidió acudir a la justicia.
A este testimonio inicial en relación a los trámites sobre la selección de un médico para estar al frente del servicio, se suma otra más de acoso presentada con posterioridad. Esta se constituyó como una ampliación que fue puesta en conocimiento a la autoridad judicial. El exjefe en esta segunda ocasión destacó en su versión haber sido objeto de incoación de expedientes, agresiones verbales y discriminación por la afiliación a un sindicato. Expuso también comportamientos percibidos como constitutivos de desacreditación del sanitario delante de otros empleados.
La acusación particular solicitó el pasado mes de diciembre dos años de cárcel por el presunto delito de acoso y nueve de inhabilitación en su desempeño profesional por otro posible de prevaricación. Propuso también la incapacitación del derecho de sufragio pasivo, es decir, a aspirar como candidato a la elección de un cargo público.
Pidió el abono de una indemnización de 50.000 euros con motivo de los perjuicios psicológicos y morales que el doctor asegura sufrido. Los dos acusados tuvieron que prestar una fianza que ascendió a los 66.667 euros en un plazo de cinco días. Esta se determinó con el propósito de cubrir las responsabilidades pecuniarias del proceso.
A esta causa se une la reciente denuncia por un radiólogo del HUCE, que actualmente se encuentra en fase de diligencias previas. Los implicados, también altos responsables de Ingesa, declararon en marzo.
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