En plena desesperación y “al borde de la disolución”, manifiesta encontrarse la banda de música de la Encrucijada como consecuencia de los constantes actos vandálicos que sufren desde hace dos años y que alcanzó su cénit hace unas semanas con un robo con violencia, episodio que conllevó a la cancelación de los ensayos hasta que la situación se solventase. El director del grupo, Rubén García, imploraba el apoyo de la Ciudad a través de una subvención o, un local situado en otra ubicación, donde poder continuar con dichos ensayos.
Sin embargo, explica que después de varias semanas desde que remitieron tanto a Delegación como al Gobierno un escrito en el que se aportaba la denuncia y el parte de agresiones del menor agredido, “no hemos recibido respuesta”, circunstancia que agrava la dura y complicada situación por la que atraviesa el grupo “ya que no hemos podido ensayar ni realizar cualquier otro tipo de actividad”.
García recuerda que son una asociación cultural infantil que promueve una actividad poco pujante en la ciudad, “como es la enseñanza musical”, y señala que “con estas acciones se menoscaban las intenciones de unos pocos que abogan por promover la cultura entre los niños y adolescentes”.
Los acontecimientos que han situado a la banda al límite se produjeron el pasado 25 de abril en la explanada de Juan XXIII, lugar al que trasladan los ensayos cuando el local que les presta la cofradía, situado en Miramar Bajo, permanece ocupado con actividades internas. Los hechos desencadenados “han sido la gota” de un largo historial de incidentes que han vivido durante los últimos años, tanto en el citado local como en el espacio de ensayo alternativo.
Pedradas, insultos y daños de material es el caldo de cultivo que la banda vive cada tarde. “Hace unos meses comenzaron a lanzar piedras por la ventana y le dieron en la cabeza a uno de los niños”, comenta el director.
Según García la Ciudad tiene constancia de los hechos pero “hacen oídos sordos”. Todo ello adquiere, además, un carácter reivindicativo en cuanto a la negativa manifestada por el Gobierno local para concederles una subvención o un local “seguro” en el que no tengan que enfrentarse a estos episodios diarios.
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