Baleària estudia con Fomento la fórmula de ofertas para los ‘ausentes’

Desde la naviera se analizan los compromisos que alcanzó Utor con el presidente Vivas.

Baleària está trabajando ahora mismo, de manera directa, con el Ministerio de Fomento para analizar todas las posibilidades que existen de implantar tarifas para los 'ausentes' y para turistas en general, a partir del compromiso que alcanzó el presidente de la naviera, Adolfo Utor, con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, en la entrevista que ambos mantuvieron en Madrid hace unas semanas.
En un comunicado que la misma naviera emitió a los dos días del citado encuentro, por parte de Vivas se le había pedido a Utor que estudiara las posibilidades del establecimiento de ofertas, en determinados momentos del año, para las personas que han tenido a lo largo de su vida alguna vinculación con Ceuta, al igual que para eventos determinados como congresos o pruebas deportivas. Y, por su lado, el jefe del Ejecutivo se comprometió, siempre según la nota de la naviera, a estudiar la posibilidad de abordar el problemas de las tasas portuarias.
Sin embargo, veinticuatro horas después de la aparición de la citada nota, el mismo presidente manifestó que no propondrían ningún cambio en las tasas portuarias, dado que entendían la necesidad de que la Autoridad Portuaria contara con suficiencia financiera para afrontar sus gastos y que además el Estado ya invierte una cantidad importante en el transporte marítimo del Estrecho, tanto por la bonificación del 50% en el precio de los billetes para los residentes y en la aportación en el contrato de la línea de interés público.
Para Baleària resulta esencial el analizar con el Ministerio de Fomento la implantación de estas tarifas, porque considera que sin el visto bueno del departamento ministerial, sería embarcarse en una política equivocada porque, a lo mejor, se tendría que dar marcha atrás una vez que las ofertas estuvieran en el mercado.
No olvidemos que las mencionadas ofertas ya existieron y se debieron eliminar hace un año y medio, cuando los servicios jurídicos de la Administración General del Estado entendieron que estaba existiendo una controversia con los fondos que se entregaban para que los residentes tuvieran unos precios más bajos y que no podían ser más baratas las ofertas que lo que abonaban los residentes.