El denominado Plan de Choque de Respuesta a la Guerra impulsado por el
Gobierno ha llegado este martes al Consejo de Ministros. Este
"escudo social" se compone de un conjunto de medidas que servirán para proteger a los sectores más afectados, así como repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo en todas las comunidades autónomas y ciudades como Ceuta y Melilla. El plan del Ejecutivo para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y las empresas contempla movilizar 16.000 millones de euros, de los cuales 6.000 millones de euros serán en concepto de
ayudas directas y rebajas de impuestos, mientras que los restantes 10.000 millones se materializarán en créditos ICO.
Ayudas a familias y trabajadores
El plan se compone de distintos ejes. En uno de ellos, enfocado en "medidas para ayudar a las familias, trabajadores, personas desplazadas y
ayuda humanitaria", se prevé la "bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio para todos los ciudadanos" y la "protección del
empleo, evitando el despido". En esa línea, las empresas podrán "acudir a medidas de flexibilidad interna, como los ERTES".
Alquileres y bono social eléctrico para 1,9 millones de hogares
Las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2%, mientras que la cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15% durante tres meses. Asimismo, se prevé la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares. Las medidas sociales incluyen también un prórroga hasta el 30 de junio de la rebaja impositiva en la factura de la luz: del tipo del IVA al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.
10.000 millones en avales ICO
El apoyo al tejido económico y empresarial se materializará con la nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para "cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles" o un paquete de ayudas de 362 millones de euros "para el sector de la agricultura y la ganadería", mientras que habrá otro de unos 68 millones, para el pesquero.
Más de 500 millones a la industria electrointensiva nacional
La industria gran consumidora de energía será objeto de una ayuda de 500 millones de euros para "compensar los peajes en un 80%, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector". Por un lado, se autoriza la convocatoria de 73 millones de euros en subvenciones para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración. Asimismo, aumenta en 65 millones de euros las ayudas para la compensación de los costes de emisión de CO2 y dedica 225 millones para proteger a la industria reduciendo en un 80% los peajes a 600 consumidores electrointensivos. Junto a ello, se destinan 125 millones en ayudas directas a empresas gasintensivas, de lo que se beneficiarán unas 1.600 compañías, de las cuales el 88% son pymes.
Un incremento del 15% del ingreso mínimo vital
Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
Apoyo al transporte
En materia de transportes se contempla una inyección de más de 1.000 millones de euros. Este sector se beneficiará de la rebaja mínima de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, mientras que habrá un "nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo", entre otras. Del mismo modo, el Gobierno asume el compromiso de "aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo". El plan también despliega una línea de ayudas directas de 450 millones, que supondrán ayudas de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgonetas y ambulancias, y 300 por vehículo ligero (taxis y VTC); y un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con mayores recursos. Asimismo, se materializa la devolución mensual del gasóleo profesional, uno de los compromisos también adoptados la semana pasada.
El Gobierno activa el Mecanismo RED para las agencias de viajes
El Consejo de Ministros ha aprobado también la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Para acompañar la situación actual del sector, el Mecanismo RED resulta idóneo para permitir a las agencias de viaje afrontar los desafíos a los que se enfrenta el sector, permitiendo tanto la vuelta a la actividad completa de las personas trabajadoras, como su adaptación a dichos desafíos. Permanecerá activado entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022, independientemente de la fecha de solicitud de las empresas que se acojan. La reincorporación a la actividad ordinaria de las personas trabajadoras en ERTE de estas empresas es más lenta que en otros sectores que sufrieron una incidencia similar en la pandemia. Este mecanismo se incorporó al Estatuto de los Trabajadores en la Reforma Laboral. Se incentivan mediante exoneraciones a la Seguridad Social las acciones formativas para culminar la recuperación del sector al mismo tiempo que se dota a las empresas de una extraordinaria flexibilidad para adaptarse al futuro.