El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha anunciado la convocatoria de una serie de movilizaciones y huelgas en todo el sector ferroviario para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, que afectarían también a los vecinos de Ceuta con planes de traslados para esas fechas pues contempla a todo el sector ferroviario.
Esta medida de fuerza surge como respuesta a los graves incidentes ocurridos recientemente y busca exigir un cambio profundo en el modelo actual, situando la seguridad de los trabajadores y la ciudadanía como la prioridad absoluta del sistema.
Para la organización sindical, los recientes accidentes en Adamuz y Gélida no deben interpretarse como errores aislados, sino como la consecuencia lógica de una degradación del modelo ferroviario.
El sindicato denuncia que la liberalización sin control, la externalización de servicios y la precarización de las condiciones laborales han debilitado estructuralmente la capacidad de mantenimiento y respuesta ante incidencias.
Según el SFF-CGT, años de privatización encubierta y el abandono de la red convencional han empujado al sistema hacia un escenario de colapso.
La convocatoria de estas jornadas de huelga no es una decisión repentina, ya que el sindicato afirma haber alertado previamente sobre la situación.
El pasado 26 de septiembre, el SFF-CGT remitió una carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible detallando el impacto negativo de la gestión actual sobre la seguridad en la circulación, pero dicha comunicación no recibió respuesta alguna por parte del Gobierno.
Ante este silencio administrativo, el colectivo ha decidido actuar para exigir responsabilidades y recursos suficientes que garanticen la vida de los usuarios y las plantillas.
El sindicato subraya que la precariedad y el riesgo no afectan exclusivamente a un grupo, sino que comprometen a la totalidad del sector. Por ello, se hace un llamamiento a la unidad de acción entre diferentes perfiles profesionales:
El objetivo final de estas protestas es revertir un sistema que prioriza la rentabilidad económica por encima de la protección de las personas,recuperando la calidad del servicio público y la integridad de quienes sostienen el ferrocarril a diario.
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