El peluquero, la costurera, o el dueño del taller mecánico al que solemos llevar nuestro vehículo, seguramente tienen su comercio bajo la adscripción de Trabajadores Autónomos, son personas físicas que desafían con su patrimonio los avatares del negocio. Pueden contratar a sus empleados según les vaya el negocio, pero siempre responderán con su patrimonio. Ahora, en tiempos de pandemia, todos han tenido que soportar el rigor de la falta de ayudas y muchos han tenido que cerrar el negocio. Al cierre de 2021 hay 77. 831 empresas menos que antes de la pandemia. En unos casos se han podido salvar porque el ayuntamiento de turno ha permitido ampliar la terraza, en el caso común de bares y restaurantes, en otros se han podido salvar gracias a los ERTE y créditos del ICO que más tarde han de devolver, finalmente otros , si las ayudas han llegado tarde o no han sido suficientes, lo han tenido mucho más difícil y han tenido que echar el cierre. El gobierno, como todos los gobiernos les ha prometido ayudas, que en España difícilmente han llegado. Ahora, sin finalizar la pandemia y dado la bancarrota de nuestro sistema el gobierno comunista ha decidido aumentar escandalosamente la cotización de la S. Social a este sector, tendrán una pensión mejor y prestaciones sociales de países avanzados, les dicen, pero ellos piensan que una vez el sistema en marcha, en poco tiempo las cotizaciones se habrán quedado pequeñas, ya sea por la inflación (6,7%), o por el afán recaudador de los comunistas. En esencia se trata de la sostenibilidad del sistema, y con las cotizaciones actuales no se logra, pero la cotización a la SS es lo que más negativamente incide en la creación de puestos de trabajo y en los salarios y obligará a las empresas a trasladar a precios esos costes, recortar los salarios o a no contratar a personal, sin hablar de lo que se va a la economía sumergida .El tejido económico de nuestro país se nutre de los pequeños núcleos de actividad económica, sea como autónomos (personas físicas) o como Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en general empresas de responsabilidad limitada .Si revisamos el sistema de cotización de los Trabajadores Autónomos, no carece de lógica el acercar las cotizaciones a la sostenibilidad del sistema dentro de un mundo racional, lo que no tiene lógica dentro del despilfarro del gasto público del que se enseñorean los tantos ministerios inútiles y los cientos de colaboradores de un presidente inútil así como el aumento en cientos de miles de funcionarios en las administraciones públicas tantas y tan variadas de nuestro Administración pública , es lograr sostenible solamente un aparte del sistema. Es decir hagamos sostenible todo el sistema.
España cuenta con más de tres millones de Trabajadores Autónomos, 3.310.615 en septiembre, y 2.927.231 PYMES de estas el 99,75 tienen menos de 250 trabajadores y de ellas el 95 % tienen menos de 10 trabajadores. Ya en 2016 se contabilizaban 3,2 millones de pymes pero debido a la pandemia la disminución de estas empresas ha sido importante Hoy se distribuyen las pequeñas y medianas empresas según su tamaño en 1.125.454 microempresas (1-9 empleados), 156.903 pequeñas empresas (10-49 empleados), y 25.316 medianas empresas (50-249 empleados). Solamente el 0,2 % de todas las empresas del país son consideradas como grandes empresas (más de 250 empleados). Aun considerando que el país debe adoptar por el apoyo a la creación de grandes empresas que capten mejor los esfuerzos económicos, las economías de escala, es obvio que en la situación actual lo que no podemos hacer es machacar a las empresas que queramos o no son la médula del tejido productivo.
La situación económica del país sería la de bancarrota si ni fuera por la compra continua de deuda soberana a interés cero por parte del BCE, estando prevista la reducción de compra de deuda ,y previéndose el aumento del tipo de interés, la venta de deuda tendrá que hacerse a intereses elevados para que pueda ser interesante su compra como único premio a los posibles compradores, con un aumento significativo de la prima de riesgo y con 1,43 billones de deuda nos encontramos con el 122 % del PIB, toda una heroicidad sanchista.
En estas condiciones el gobierno en vez de disminuir los gastos en aras de un verdadero plan de contención del gasto, opta por incrementar los impuestos y , como no, las cotizaciones de la SS a los trabajadores autónomos. En este caso basado en la reunión de Julio del Pacto de Toledo en el que se acordó que para mantener la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones deben promoverse medidas para aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. Entraba en juego que de los más de tres millones de Trabajadores Autónomo, dos pagan la cuota más baja. En el sistema actual es el trabajador quien elige la base de cotización y sobre ella calcula el 30,6 % que será lo que cotice mensualmente a la Seguridad Social (este año desde 294 hasta 1.266 euros).
"La Agencia Tributaria señala que hay un gran número de autónomos que no declaran rendimientos, como son los autónomos colaboradores o los que tiene ingresos muy bajos ¿cómo van a cotizar aquellos trabajadores por cuenta propia que no obtengan rendimientos en un año o que incluso incurran en pérdidas?"
El amigo Escrivá, con objeto de evitar la quiebra del sistema, ya que el actual modelo provoca un agujero de 10.000 me. se ha puesto manos a la obra y ha propuesto un cuadro de cotizaciones dividido en 13 tramos dependiendo de los ingresos reales y con un periodo transitorio que comienza en 2023 y acaba en el 2032 y a partir de ese año el sistema deviene obligatorio, espera de esta manera que para los tramos más bajos de ingresos el coste recaudatorio de ingresos sea de 1.400 me, mientras que la recaudación extra procedente de subirles las cotizaciones al resto puede alcanzar los 7.500 me. Varias incógnitas será necesario esclarecer, entre ellas ¿qué son los ingresos reales, los brutos, los netos, y en su caso que gastos se pueden detraer, solo los relacionados con el carácter estrictamente ligado al negocio del autónomo, las amortizaciones, los gastos financieros, o provisiones parciales por impagos etc.? Por otra como gran parte de los trabajadores autónomos no han declarado por el IRPF, por lo que con objeto de conocer sus “ingresos reales”, los autónomos todos tendrán que realizar su declaración de renta. La Agencia Tributaria señala que hay un gran número de autónomos que no declaran rendimientos, como son los autónomos colaboradores o los que tiene ingresos muy bajos ¿cómo van a cotizar aquellos trabajadores por cuenta propia que no obtengan rendimientos en un año o que incluso incurran en pérdidas? además el 85 % de los autónomos cotiza por la base mínima. Hacienda tampoco conoce cuáles han sido los ingresos reales de, por ejemplo, los que están en el régimen de módulos o autónomos colaboradores, como el caso cierto de quien hizo un master en una empresa editorial que le costó 10.000 euros, tras 6 meses de instrucción de becario durante los cuales se le dio de alta en la SS, percibía 400 euros por 40 h semanales. Acabado el periodo becario, firmó un acuerdo de colaboración por el que se da de alta en autónomos, y tiene que pagarse los gastos que resulten necesarios para prestar la colaboración y la empresa “puede” encargarle trabajos que le parezca oportunos, mientas él no puede presentar los suyos para su publicación, los cuales retribuyen en la cuantía que estiman conveniente, normalmente 80 euros si se publican en papel y 40 en la web. Verbalmente se le exigió compromiso de exclusividad para la editorial. No hay mucho que decir sobre este inaceptable tipo de colaboración. Hacienda no puede saber nada, por lo que el Gobierno obligará a hacer la declaración de la renta a todos los autónomos, aunque ganen menos de 1.000 euros al mes y luego no tengan que tributar, en resumen los 200.000 autónomos que no declaran, tendrán que hacerlo. El nuevo modelo planteado por el Gobierno establece que todos los autónomos deberán pagar cuota de la SS en función de sus rendimientos reales.
Supuestamente conocida la primera, qué son los ingresos reales, y una vez admitida la segunda , que todos los autónomos realicen a declaración del IRPF ,vamos a ver la hermenéutica del cuadro de cotizaciones propuesto por Escrivá. La cuota mínima pasaría de 282 a 184 euros y la máxima de 352 a 1267 euros. Únicamente en 4 de los 13 tramos más bajos, sería más baja la cotización en el nuevo modelo. Quien gane menos de 3000 euros al año pagará 281,5 mensuales, casi totalidad de lo que ingresa. Ese mismo importe tendrá que pagar quien gane 7.000 euros al año Además en cuatro años el autónomo medio pagará el doble que el actual, los que más ganan tendrán que dedicar entre un tercio y un cuarto de sus ingresos a la cotización de la S:Social. Es decir en cuatro años se inicia una subida espectacular y por cierto ruinosa siendo groseramente confiscatoria desde los últimos seis tramos.
Hay economistas que sugieren un modelo mixto mediante el cual se respete el derecho de los autónomos a elegir una base de cotización entre el mínimo y el máximo legal y al mismo tiempo se habilite a cotizar según sus ingresos reales a quienes ingresen por debajo de la base mínima, con los que ingresen por debajo de 600 -900 euros no cotizarían lo mismo que los de 8.000. No es mi caso, considero que el sistema de que todos coticen según sus ingresos reales, previa definición del concepto, es el más adecuado. Pero hay que redimensionar el cuadro propuesto y encuadrarlo dentro del sistema que se dirija a una reducción de gastos drástica. Es imposible machacar al trabajador mientras se despilfarran los gastos presupuestaros de ministerios inútiles y se contrata personal en las administraciones duplicando y triplicando el personal necesario. No se debe aumentar la presión “social” so pretexto de la sostenibilidad del sistema de la S. Social mientras el resto del sistema está quebrado. En el mes de Enero 17.000 pymes han cerrado, mientras el Ministerio de Igualdad cuadruplica sus gastos en publicidad, esto, aun cuando resulte una paradoja, no lo van a entender los trabajadores autónomos que se van al paro.
En estas circunstancias y dentro de la situación pandémica los trabajadores autónomos han pedido ayudas procedentes de los fondos europeos y por otra parte agarrándose a los ERTE. En cuanto a las ayudas procedentes de los fondos europeos más del 90 % de trabajadores autónomos que tenían opción de solicitar ayudas por las pérdidas que han soportado, han quedado excluidos en unos casos por los requisitos extremadamente estrictos unido a la compleja burocracia lo que hace que muchos no reciban las ayudas económica que necesitan, ya que hay que someterse a un procedimiento lento que puede tardar meses. En cuanto a los ERTE, el gobierno ha puesto en marcha hasta la fecha seis prórrogas de los ERTE desde Marzo 2020 a Septiembre 2021 a lo largo de estos casi dos años de pandemia, miles de autónomos han enviado a uno o varios de sus trabajadores a estos expedientes, para reducir las cargas salariales y pagar menos cotizaciones a la S.S. Sin embargo muchos de los negocios que se han acogido a este sistema no han remontado como para recuperar a sus trabajadores. Todavía hay miles de autónomos con empleados afectados a uno de estos expedientes. Estos expedientes han salvado miles de empleos, pero tiene su contrapartida: todos afectaron a uno de sus empleados a estos mecanismos y se beneficiaron de sus exoneraciones a mantener la plantilla durante seis meses. Compromiso que ha estado siempre sobre la mesa. Los autónomos que hayan solicitado prórrogas pueden haber acumulado hasta 30 meses de prohibición para despedir. Los meses de mantenimiento de empleo son acumulativos y solo se descuentan cuando se desafecta el primer trabajador en cada una de las prórrogas, por lo que hay ahora muchos negocios que estén cargando ahora sin saberlo con largas temporadas de prohibición de despido de un empleado en ERTE porque en la primera prórroga en marzo 2020 se haya acogido a cada una de las prórrogas, lo que tendría una prohibición de despido de 30 meses, por lo que habrá autónomos que no podrán despedir a sus empleados hasta mediados del 2024. La clave está en que es acumulativa y que además cada periodo de seis meses que se acumule no se empieza a descontar hasta que el empleador no desafecte a uno de sus trabajadores. “La cláusula de salvaguarda vuelve a desplegar todo su contenido, lo que implica que las empresas, una vez cumplidos los periodos de seis meses de salvaguarda del empleo que hubiesen adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud de este real decreto ley, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de otros seis meses de duración, cuyo cómputo se inicia una vez finalizado los anteriores en su integridad”. En caso de incumplimiento “los negocios que lo incumplan deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exonerados, con el recargo y los intereses de demora correspondientes”. Con incremento de las cotizaciones excesivo en poco tiempo, falta de ayudas y amenazas en los ERTE, ¿Quién se atreve a ser autónomo con este gobierno. Solo Sánchez y sus saunas?