Autonomía y desarrollo

¿Qué relación hay entre autonomía y desarrollo económico y social? Pues existe mucha relación, aunque no existe una atribución exclusiva de competencias al ente autonómico. Tras más de cuatro décadas de democracia en España, se comparte la hipótesis de que la prosperidad económica y social está indisolublemente ligada al desarrollo del Estado autonómico y del municipalismo. Se considera que el Estado autonómico está en la base de la consolidación de la democracia en España, de la cohesión social y del desarrollo económico. En suma, se resalta el papel protagonista, que comparten el Estado y los entes autonómicos, en el desarrollo económico y social de España. Por ello defienden su validez como instrumento de futuro. ¿Es así realmente? Yo diría que, efectivamente, el Estado autonómico ha permitido una mejora en la distribución de la riqueza entre los distintos territorios, servicios públicos de mayor calidad en todas partes, mayor cohesión social y más igualdad entre los españoles. Sin embargo, en cuanto al desarrollo económico, existen diferencias entre unos territorios y otros, entre Comunidades Autónomas e, incluso, principalmente, entre unos y otros municipios.

Empecemos por la distribución competencial. ¿Quién detenta competencias más importantes para impulsar las materias que permiten acelerar el desarrollo? En materia tan importante como la economía, las competencias son concurrentes entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Seguramente la competencia más substancial se encuentra en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia en “las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica” y deja a las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución si está recogido en sus Estatutos. De ahí que el Tribunal Constitucional haya considerado a esta competencia de carácter horizontal o transversal, porque además de encomendar al Estado las decisiones principales en materia económica, le permite intervenir en varias competencias sectoriales que son titularidad de las Comunidades, siempre y cuando la actividad autonómica alcance una dimensión tan grande que afecte a la “ordenación general de la economía”.

Estamos pues ante una materia en la que las intervenciones estatales pueden ser constantes, y en la que la jurisprudencia constitucional ha amparado esa intervención del Estado. Pero eso no quiere decir que las posibilidades de orientar e intervenir en el desarrollo económico específico por cada ente autonómico en su territorio no sea importante. Por otra parte, está sobradamente demostrado que si el autogobierno se concentra en fomentar y orientar aspectos primordiales y específicos de sus territorios, el impulso al desarrollo se convierte en el protagonista que transforma ese ámbito autonómico. Y lo mismo ha pasado con los municipios, cuando estos preferentemente se han volcado en sus planes de desarrollo local.

Consideremos ahora este aspecto de la intervención conjunta de los municipios y las Comunidades Autónomas, en la relación entre autonomía y desarrollo económico. Si en las instituciones de la Ciudad autónoma coinciden atribuciones diferentes desde su doble naturaleza, local y autonómica, podemos considerar que usando los poderes y las herramientas de que dispone, estará en optimas condiciones para concentrar sus actuaciones en beneficio del desarrollo económico local. ¿Sería bueno que fuera así?

Sería bueno si el esfuerzo se programase y se abordase desde el conjunto de sus posibilidades a partir de una planificación estratégica. Digamos que, con una intensidad bien dirigida, que hasta el presente no se ha utilizado, se encauzarían las energías de forma integral para lograr los objetivos necesarios con los que transformar su economía y poner proa a un futuro con mejores expectativas. En nuestro país hay muchos ejemplos exitosos de ciudades que han diseñado bien la manera de conseguir su específico desarrollo a partir de talentosas estrategias. Es fácil comprobarlo, estudiarlos, seguir su ejemplo.

Hace años que se ha dibujado en nuestra geografía un panorama en el que destacan las ciudades que han asumido un papel relevante, experimentando con su capacidad para planificar, diseñar e innovar, y convirtiendo esta experiencia en una meditada actividad, producto de la voluntad colectiva de quienes viven en ellas. En este sentido, la movilización de esa voluntad marca diferencias substanciales entre estas ciudades y las que administran sus intereses de forma rutinaria, dejándose llevar. Vistas desde ésta perspectiva, empezamos a considerar una división fundamental entre las ciudades, según tengan éstas un Proyecto para abordar y encarar el futuro o bien carezcan de él.

Son ciudades que saben donde quieren ir, que conocen sus posibilidades y saben de sus carencias, y adoptan un conjunto de actitudes y esfuerzos para transformarse y mejorar su situación en un inmediato futuro. Tienen, en definitiva, un Proyecto para dirigir y motivar las iniciativas de sus ciudadanos; saben quienes son y a donde van; creen en su porvenir. Y es en estas ciudades donde empiezan a encontrar solución sus problemas estructurales, los más acuciantes, los que no se abordan de inmediato, esperando que su solución se adopte en las instancias superiores de la política. Y es en estas ciudades, también, donde se materializan posibilidades hasta entonces ignoradas, y donde se refuerza la cohesión de quienes en ellas viven. Así que lo más destacable de estas experiencias no es solo que logren sus objetivos de desarrollo, sino que hayan logrado un Proyecto en el que todos sus habitantes creen y participan.

Invertir la autonomía de Ceuta en estos objetivos, sería la inversión más rentable para el futuro. Puede ser laborioso y complicado dirigir la voluntad colectiva en pos de esos objetivos, pero esta es una de las tareas más loables para quienes se dedican a la política.