La autonomía universitaria en peligro

Desde que en Andalucía gobierna el tripartito de derechas, apoyado por la extrema derecha, no ganamos para sustos. Primero la emprendieron con las subvenciones a las asociaciones feministas. Después con la memoria histórica. Recientemente, con la aprobación de construcciones en zonas de alto valor ecológico como el Cabo de Gata (ver artículo “Turismo contra medioambiente”, de la pasada semana). Previamente, aprovechando una resolución antigua de la Junta de Andalucía, que podían haber cambiado, nos vinieron con la centralización de los consorcios (“chiringuitos”, según ellos), que ocasionó, entre otros desajustes, la centralización de museos emblemáticos como el Parque de las Ciencias de Granada (ver “El abrazo” publicado el 29 de diciembre de 2019). Ahora les ha tocado a las universidades públicas andaluzas.

En una carta de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía dirigida al Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades de la Junta de Andalucía, se denuncia el atropello que se va a cometer, al mermar el ya exiguo presupuesto de estas en 135 millones. A la Universidad de Granada, que arrastra un importante déficit a consecuencia de situaciones que no viene al caso explicar, le corresponderían unos 30 millones de euros. Según nuestra rectora, esto ocasionará problemas presupuestarios muy serios en el próximo curso.

El problema reside en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 18 de mayo, mediante el que instaba al Consejero de Hacienda, Industria y Energía iniciar acciones para la dotación de un Fondo de Emergencia Social y Económica contra el COVID-19 de 700 millones de euros. En principio, nada habría que objetar a esta decisión, si no fuera porque en dicho acuerdo se decide que las Universidades Públicas andaluzas aporten al mismo la cantidad de 135 millones de euros (casi el 20%) de sus remantes de tesorería destinados a cobertura de gastos corrientes. No se decide negociar con entidades públicas autónomas para ver qué pueden aportar, sino que se impone a las mismas la cantidad que han de aportar. Para que las Universidades hagan frente a este importante desajuste financiero, se les autoriza a recurrir a sus remanentes de tesorería, se autorizan otras medidas complementarias, como el pago de la deuda contraída por la Junta con las Universidades desde el 2015 y también se autorizan inversiones con cargo a esos mismos remanentes por importe de 125 millones de euros.

Es decir, sin entrar en tecnicismos presupuestarios, lo que los servicios de propaganda del nuevo régimen de la Junta de Andalucía están difundiendo es que, no solo no hay recorte presupuestario, sino que se les autoriza a gastar 125 millones en inversiones y se les va a liquidar parte de lo que se les debe. Lo que cualquier persona normal entiende es que se les recortan 135 millones del presupuesto, que pasarán a formar parte de ese Fondo de solidaridad frente al COVID-19. Surge inmediatamente una duda y pregunta. Si, a duras penas hemos podido abordar el confinamiento con nuestros propios medios (los del profesorado), ¿cómo se va a abordar el problema en septiembre, cuando tengamos que impartir docencia a la mitad del alumnado de forma presencial y a la otra mitad de forma virtual y síncrona?. Porque, ni hay medios técnicos, ni humanos suficientes para ello. ¿Acaso abordar estas inversiones de urgencia no hubiera sido preferente para las Universidades y hubiera estado justificado por el COVID-19?. ¿Entonces?.

¿Qué es un remanente de Tesorería?. Pues es una cantidad que se calcula al cierre del ejercicio presupuestario en 31 de diciembre, que se compone por los fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago. Es decir, es el dinero contante y sonante del que se dispone, a falta de que se cobren las deudas a las que jurídicamente se tiene derecho y se paguen las obligaciones a las que jurídicamente nos hemos comprometido, previa realización de los ajustes oportunos por excesos de financiación o derechos de difícil recaudación. La Universidad de Granada tiene unos 35 millones de remanentes de Tesorería, que, como he dicho antes, ya están comprometidos y no han podido ser gastados en ejercicios sucesivos, por carecer de la autorización previa de la Consejería de Hacienda, que ha de darla desde que se promulgó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Estos remanentes de Tesorería acumulados, como dicen los Rectores y Rectoras, son esenciales para afrontar inversiones estratégicas, razón por la cual, de forma reiterada en los últimos años, se ha solicitado poder utilizarlos. Con la medida impuesta por la Junta de Andalucía, se produce una reducción patrimonial neta de las Universidades públicas, se genera incertidumbre sobre el futuro y, en términos plurianuales, reduce la capacidad financiera de las universidades en 135 millones de euros.

Lo que los Rectores y Rectoras proponen es razonable y posible. Que se autorice el uso de esos 135 millones de sus remanentes para realizar inversiones, tal y como se ha venido solicitando de forma reiterada, lo que tendría un importante impacto positivo en la economía andaluza, que ayudaría a combatir los efectos negativos del COVID-19 y que, en su lugar, los 126,9 millones de euros que la Junta de Andalucía pensaba destinar a pagar la deuda que tiene contraída con las universidades desde 2015, sean los que se destinen al Fondo de Solidaridad creado. Es decir, lo mismo que propone el Consejero Bravo, pero justo al revés.

Como dicen los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas andaluzas, “El futuro de Andalucía necesita unas universidades viables, con un modelo de financiación estable y sostenible. No podemos seguir sujetos a vaivenes que pongan en peligro el desarrollo de la universidad y, con él, el de la sociedad andaluza. El Sistema Público de Universidades Andaluzas es una de las principales garantías de futuro de nuestra tierra. A través de una larga Historia, que nos enorgullece, ha aportado miles de egresados y profesionales, ha generado conocimiento gracias a un personal científico de excelencia y ha transferido conocimiento y tecnología al tejido productivo y al conjunto de la sociedad. En los últimos meses, como consecuencia de la COVID-19, nuestra comunidad universitaria ha demostrado su valía en todos los sentidos. Para que este ecosistema de I+D+i y de creación de valor pueda seguir desarrollándose, las universidades necesitan ahora más que nunca una apuesta institucional y económica firme, responsable y coherente, acorde a los tiempos que nos ha tocado vivir y con la altura de miras que exige un nuevo modelo de desarrollo para Andalucía.

Por todas estas razones, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas solicitan al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la revisión de estas medidas, de forma negociada con las universidades, buscando un consenso que permita a las universidades demostrar su corresponsabilidad con la situación actual, pero sin poner en riesgo el desarrollo digno de sus funciones y su estabilidad futura.”.

Lo anterior tiene una especial repercusión para Ceuta y Melilla, pues no se puede olvidar que es la Universidad de Granada la que soporta en su presupuesto los costes de ambos Campus, por lo que un recorte tan importante en su situación financiera afectaría, sin duda alguna, de forma muy negativa a nuestros Campus.