En los sistemas políticos modernos el gobierno es el motor que impulsa y toma las decisiones políticas, pero son las administraciones públicas las que mantienen su relación directa con la ciudadanía y las que llevan a la práctica esas decisiones. Sin ellas, las políticas adoptadas no pasan de ser buenas intenciones y es casi imposible que las mismas incidan de forma directa sobre la realidad que se quiere preservar o transformar. Si el gobierno es el motor, como hemos dicho, la administración es la maquinaria que mueve a la sociedad y le aporta los servicios que necesita para funcionar. Pero, dicho así, parece que con su mera existencia todo es posible, y no hay nada más lejos de la realidad. Sin que esa maquinaria esté bien engrasada y técnicamente equipada, las políticas no se implementarán. Estaremos ante un laberinto burocrático con comportamientos administrativos poco responsables, escasamente eficaces y rígidos, que pondrán en riesgo la dignidad y la eficiencia de lo público. Este tipo de situación suele producirse cuando no se dan las condiciones requeridas para la selección y cualificación de su personal: por un lado, que se haya reclutado en función del mérito y la capacidad, y no a través de criterios clientelares y partidistas; y por otro, que se formen y se organicen asimilando el conocimiento especializado que es indispensable para su actuación.
“Convierte a nuestras dos ciudades en una excepción muy alejada del resto de la nación”
De estas condiciones hablaremos más adelante, porque en relación con la composición y efectivos de las Administraciones Públicas en nuestras dos ciudades norteafricanas se ha ido instalando en la ciudadanía una opinión que, tras haber analizado los datos, considero falsa y, no siendo conforme a la realidad, resulta bastante negativa y no se puede seguir consintiendo su existencia sin desmontarla. La imagen de la ciudad que se difunde es la de contar con unos efectivos tan amplios que su existencia determinan nuestra realidad social, y esta imagen se ha ido extendiendo a causa de la falta de revisión de los datos y de su correcta comparación con el conjunto de las situaciones que se dan en nuestro país.
Ajustándonos al poco espacio del que disponemos para exponer los datos, elijo, como ejemplo de lo que critico, un cuadro publicado en el periódico Cinco Días (12 de julio de 2017) y firmado por su autora, en el que se magnifica y singulariza la posición excepcional de Ceuta y de Melilla respecto del resto de la nación. Es importante porque va directamente al grano de la composición de la población activa de nuestra sociedad. En dicho gráfico aparecen Melilla y Ceuta con un porcentaje sobre el total de asalariados que convierte a nuestras dos ciudades en una excepción muy alejada del resto de la nación. Ambas aparecen con un porcentaje superior a la mitad de sus asalariados, y se alejan de las demás, siendo el porcentaje casi del doble respecto de Extremadura, que es la primera Comunidad que las sigue en el ranking con un 30% de funcionarios sobre el total de asalariados.
“El total de los efectivos de la Ciudad suponen un ventajoso ahorro respecto a las CCAA”
El cuadro está confeccionado con los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones Públicas, de julio de 2017, editado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, por lo que es en parte responsable de la forma en la que se presentan los datos. La media nacional se refleja con un 16,7%, mientras que Melilla tiene un 56,0% y Ceuta un 52,6%. Cataluña, la que menos porcentaje de empleado públicos tiene, se cifra en el 11%. Los datos presentados nos singularizan enormemente. ¿A qué se deben estas diferencias tan notables? ¿Por qué salimos así reflejados? ¿Existe alguna razón que lo justifique”. En principio, tratándose de los datos oficiales del Registro Central de Personal, alguna razón habrá. Viendo el desglose que el mismo Boletín ofrece, algunas cuestiones resaltan.
Es necesario atender en primer lugar cómo estos efectivos desglosados de las Administraciones Públicas se distribuyen en todo el territorio nacional, y para que podamos comparar estas cifras las pasamos a porcentajes sobre el número total de efectivos de cada lugar, obteniendo los siguientes resultados: (Tabla 1) Destaca, en principio, el peso excesivo en comparación con la media nacional de los efectivos de la Administración estatal en las ciudades de Ceuta y Melilla. Es necesario, por tanto, atender el desglose que de los efectivos del Estado se produce en cada una de las Ciudades.
(Tabla 2) Lo primero que debemos deducir es la importancia de los efectivos militares en ambos territorios, los cuales no están al exclusivo servicio de los ciudadanos ceutíes o melillenses, que también, sino de todos los españoles. Al igual que en san Fernando se concentran los militares de la Base Naval o en Torrejón los propios de la aviación, en estas ciudades, que han tenido siempre una tradición militar, se concentran efectivos especializados, cuyas misiones y servicios exceden los de estos territorios y están asentados en las dos ciudades a disposición de toda la nación. Cuentan en la población activa, por supuesto, pero no cuando tratamos de medir el peso de la burocracia dedicada a los servicios de la ciudad o de la comunidad, porque esos efectivos disponen de su propia administración, que es especial. Por tanto hay que descontarlos del colectivo funcionarial, lo mismo que debe hacerse con los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que están destinados a la frontera y cuya función no se ejerce en servicio exclusivo de la ciudad, sino del propio Estado. Han de restársele, por consiguiente, a los efectivos de Ceuta los 3.176 militares, más un 40% de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que aproximadamente están destinados a la frontera -436-. En total deben restárseles 3.612, lo que reducen los efectivos al servicio de la ciudad a 5.663 funcionarios, lo cual implica que la proporción de efectivos de las Administraciones Públicas destinados al servicio de la ciudad supone un 32,11% de los asalariados, y no el 52,6 % que figura en el Gráfico del periódico Cinco Días. La misma operación ha de realizarse con Melilla, y se comprobará que sus porcentajes se aproximan a los de Extremadura, aunque sigan siendo los más voluminosos y estén muy alejados de la media nacional. Pero habrá que buscar otra razón que lo explique. Si agregamos y comparamos las cifras de la manera que sigue, obtenemos un resultado muy diferente. Si hacemos la misma operación de descuento que anteriormente hemos hecho respecto de los efectivos de Defensa y Seguridad, los datos aquí serían menos significativos, porque lo que nos importa es comparar los efectivos autonómicos de las dos Ciudades con el resto de España. En este sentido es evidente que el peso más significativo del personal funcionario está en los servicios de educación y sanidad pública, asumidos por las Comunidades Autónomas en el resto de España y gestionados por el Estado en las dos ciudades. (Tabla 3)
En el caso de Ceuta debemos considerar que de los 5.663 efectivos del Estado que antes distinguíamos, corresponden 1.554 al profesorado y otro personal de los centros docentes (Las cifras de la educación en España. Curso 2015-2016 (Edición 2018) Mio. Educ. y Formación Profesional); y 962 a la sanidad pública (Ministerio de Sanidad y Consumo. INGESA. Memoria 2005. Dirección Territorial de Ceuta). Por consiguiente, esos 2.516 efectivo suponen un 44,43% de la cifra arriba indicada, o un 27,52% si lo hacemos sobre el total de los datos, lo que justifica el grueso de la diferencia entre Ceuta y el resto de la Comunidades Autónomas. Pero hay otra gran diferencia que debemos destacar, a pesar de que nos falta el espacio suficiente y lo seguiremos comentando en el próximo capítulo, y es que el total de los efectivos de la Ciudad suponen un ventajoso ahorro respecto a las Comunidades Autónomas, al haberse integrado las competencias locales con las autonómicas en una sola Administración.