Con dos guardias civiles adscritos al Grupo Rural de Seguridad (GRS) heridos, un vehículo oficial completamente destrozado y sólo un detenido la Asociación Unificada de Guardias Civiles lo tiene claro: debe haber una mayor presencia policial física en la barriada del Príncipe. Una medida que, considera la AUGC, puede servir para amortiguar el actual escenario de delincuencia que se está repitiendo, en demasía, en esta zona de la ciudad, habitada por más de 10.000 vecinos, buena parte de ellos convertidos también en víctimas de estas emboscadas.
En declaraciones a ‘El Faro’ la asociación ha valorado la necesidad de articular nuevas medidas policiales al objeto de frenar las emboscadas que tienden grupos de jóvenes que, armados como mínimo con piedras, atentan contra todo lo que representa autoridad. Y lo hacen encapuchados. Razón por la que la detención de los presuntos autores de estas disturbios resulta prácticamente imposible. Un dato lo confirma: de los estimados 50 jóvenes que participaron en la emboscada del pasado domingo de la que ayer informó este medio sólo se ha producido una detención, aunque se trabaja en la localización del resto de implicados así como de quienes conducían el vehículo que sirvió a modo de señuelo para tender una trampa casi mortal a la Benemérita. Y es que en esta segunda hipótesis está trabajando el Instituto Armado: en la de confirmar que la intención de quienes ocupaban el vehículo robado era la de adentrarse por los callejones de la barriada buscando como protección la emboscada que estaba preparada. En esta historia no hay nada de accidental sino más bien al contrario: la actuación contra las fuerzas de seguridad estuvo ideada y se actuó de forma premeditada. La AUGC considera, tal y como defienden los sindicatos policiales de mayor peso como el SUP o la UFP, que todos estos altercados están preparados y es por eso que reclama una mayor presencia física de vehículos policiales que complementen la actual vigilancia que se ejerce ahora tanto con agentes de paisano como de uniforme. Sería una manera de frenar altercados como el que el domingo le tocó sufrir a la Guardia Civil o, un mes atrás, a la Policía Nacional.
Algunos agentes de este Cuerpo tildaban lo sucedido ayer de ‘kale borroka’. Un término utilizado de antaño de manera periodística -este medio lleva años informando puntualmente de esta situación y advirtiendo lo que ahora es una realidad- pero que los agentes se negaban a aceptar. Ahora, visto la forma de actuar de estos jóvenes, tienen claro que existe una organización de rechazo a las fuerzas de seguridad que tiene como propósito proteger al delincuente. En el caso de marras: proteger a los que ocupaban el vehículo en plena fuga del control establecido en Loma Colmenar. Un control para nada novedoso, sino que forma parte de las actuaciones rutinarias de las fuerzas de seguridad y no destapan ninguna forma delictiva nueva, según apuntaron a este medio desde la Guardia Civil.
El agente a quien intentaron linchar tuvo la serenidad de actuar de forma profesional. Cuando descendió de su vehículo para requisar e intervenir el vehículo robado no advirtió la presencia de encapuchados, sí, en cambio, de jóvenes nerviosos algo que no hacía prever la algarada que se estaba gestando. A los pocos minutos se produciría la misma, provocando que el agente pudiera dar marcha atrás para, sin perder los nervios, llegar hasta su vehículo siendo ayudado por los antidisturbios. De no haber sido así la crónica narrada hoy hubiera tenido otros tintes trágicos bien distintos ya que los alborotadores intentaron hacerse con las llaves del patrol oficial de la Benemérita así como con el arma reglamentaria del agente.
Para la Asociación en el Príncipe se han generado ya “dos sociedades”, la que integran los vecinos de bien, aquellos que nada tienen que ver con los delitos pero que se convierten en víctimas de esos apedreamientos. La otra sociedad la conforman los “mafiosos”, los delincuentes que están detrás “de estos menores” para evitar que las fuerzas de seguridad se adentren en el barrio y tengan la presencia debida. Para AUGC los vecinos del Príncipe tienen los “mismos derechos” que los de la “calle Real” y por tanto deben tener garantizada su seguridad. Ahora no la tienen y por ello sufren también esos apedreamientos que no denuncian. Prueba ésta de que “tienen miedo, no es lógico que siendo ellos víctimas no aporten las identidades de quienes tiran piedras. Lo hacen porque tienen miedo a que a ellos también les hagan algo porque detrás de los altercados están los adultos que los controlan para proteger a los mafiosos”, indica la AUGC. De momento ya sufren que colectivos como los taxis, las ambulancias o el servicio público del bus muestre reparos a entrar en el barrio. Lo tienen que hacer, pero entre ellos se extiende el miedo y eso no beneficia a la barriada. El mismo miedo que afecta a los usuarios del Hospital Universitario, ya que los apedreamientos se extienden a esta zona.
UDCE reitera el “déficit” de seguridad en la barriada
UDCE ha mostrado su más firme “condena y repulsa” por los apedreamientos efectuados contra los agentes de la Guardia Civil, a la par que ha reiterado que la inmensa mayoría de los vecinos de la barriada del Príncipe “son gente de bien y que, a su vez, ellos mismos son también víctimas de estos actos vandálicos que vienen sucediéndose contra los cuerpos y fuerzas de seguridad”.
Además, UDCE ha reiterado su denuncia en torno al “déficit” de seguridad que sufre la barriada del Príncipe, así como la “desidia” de las administraciones para con este problema. Una laxitud, apuntan en un comunicado, marcada por el “olvido” de una de las propuestas más demandas por este grupo político y por los vecinos de la zona: la construcción de una Comisaría de Policía en la barriada. “Una infraestructura que, cuanto menos, además de suponer un nuevo recurso en la zona, dotaría de unos niveles de seguridad y confianza en los vecinos necesarios para regular sus vidas cotidianas”. Dicho olvido, aseguran, viene marcado por la “inoperancia” de un Ejecutivo local “cargado de promesas que no cumple dejando sin respuesta a una de las demandas más reiteradas”. A estas promesas “incumplidas”, UDCE suma la “manida” Policía de Barrio, de la que dice que “vendría a mitigar en gran medida esa sensación de inseguridad en la barriada”, y que, a su vez, se configuraría como un “nexo de unión entre el civismo vecinal y la implementación institucional de medidas de seguridad” que derivaría en acciones compartidas “en pro de un barrio más seguro y habitable”, concluyen.
Los datos
Las diligencias, en el número 3: A la espera de detenciones
De momento y tras la emboscada del domingo sólo se ha producido una detención. De llevarse a cabo más en las próximas horas la AUGC ha confirmado que se presentará como acusación particular para defender los intereses de los guardias afectados. Las diligencias se encuentran en el juzgado de instrucción número 3 que es el que se encontraba de guardia en el momento de los hechos. Las investigaciones las lleva Guardia Civil y Policía.
Situación de la barriada: Temor en el vecindario
En el año 98 se produjo el abandono físico de la Guardia Civil del cuartel que ocupaban en el barrio. Hasta aquel entonces ejercían una presencia visible en el Príncipe y allí recibían denuncias de los residentes. Hoy la situación ha cambiado y los mismos guardias que antes patrullaban el barrio son ahora víctimas de las piedras lanzadas por descendientes de quienes eran sus colegas. La AUGC mantiene que existe miedo a denunciar porque los propios vecinos son víctimas.
Los daños colaterales: También afecta a los que van al hospital
Los usuarios del Hospital Universitario, que potencialmente somos todos los ciudadanos, se convierten también en víctimas de esta situación. Existe el temor a acudir hasta el recinto de noche bien porque puedan ser víctimas de apedreamientos o bien porque lo puedan ser de atracos. La inseguridad en la zona llega hasta este punto. Los disturbios afectan a las carreteras cercanas y son la extensión de las emboscadas denunciadas.
Grupos mafiosos detrás: no les interesa la presencia policial
No lo dice sólo la AUGC, también lo defiende el SUP y la UFP. Detrás de los jóvenes menores que lanzan piedras hay adultos que los incitan, organizándose emboscadas preparadas. A los grupos mafiosos que tienen sus ‘chiringuitos’ de tráfico de hachís y armas en el Príncipe no les interesa la presencia policial. “Se mueven por intereses bastardos”, decía a ‘El Faro’ el secretario general del SUP, Andrés Carrera. Esos intereses es la protección de su negocio.
La orden interna de no entrar: se impide que unidades como la UIP entren tras los altercados
Algunos sectores policiales reclaman que se permita la entrada de la UIP en la barriada para poner en marcha una operación tras los apedreamientos destinada al arresto de los implicados. Esto no se produce, tras las algaradas las fuerzas de seguridad abandonan el barrio sin entrar calle por calle buscando al delincuente. Esto produce que los autores se envalentonen aún más. Tras los disturbios del domingo no se produjo esta operación. Sus detractores dicen que criminalizaría a la barriada.
