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AUGC denuncia "mala fe" de la Dirección contra el Servicio Marítimo

La Asociación estudia acciones legales contra la Dirección General de la Guardia Civil a la que acusa de perjudicar al personal

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que la Dirección General de la Guardia Civil ha realizado un cambio en la normativa para no tener que modificar el régimen de servicio e incentivos para servicios especiales en los buques de altura del Servicio Marítimo. Es decir, habrían esquivado una sentencia del Tribunal Supremo que mandaba regular la jornada del personal, sus horarios, retribuciones y derecho a la conciliación.

Según la asociación, el Supremo había mandado publicar la sentencia en la que se ordenaban estas mejoras, en el Boletín de la Guardia Civil (BOGC), para que esta causara efectos legales. Entiende AUGC que la Dirección de la Guardia Civil habría retrasado deliberadamente la citada publicación, ganando tiempo para hacer una maniobra que invalidase estas mejoras.

En concreto, la asociación denuncia que "la Institución convocó a las Asociaciones Representativas a diferentes grupos de trabajo para modificar los artículos de la orden interna anulados por la justicia". Estos grupos, "no previstos en el calendario", habrían tenido el propósito de "de regular la normativa, dotándola de un rango superior a la invalidada".

"Mala fe" desde la Dirección General

A juicio de la asociación de guardias civiles "esto refleja que el Organismo era plenamente consciente de la resolución del Alto Tribunal". Sin embargo, "continuó demorando su publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil".

Añaden los representantes de AUGC que "desde la Dirección General de la Guardia Civil alegaban que no habían recibido la sentencia 'oficialmente', pero tampoco actuaron para obtenerla de modo oficial".

Lamenta el colectivo que el atraso en la publicación de la sentencia en el BOGC haya supuesto "un perjuicio para los trabajadores" y solicita la intervención del Defensor del Pueblo, a la vez que estudia "iniciativas legales", considerando que la Administración ha actuado "de mala fe, incumpliendo la legalidad"

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