AUGC denuncia el uso de guardias civiles para la práctica de otras funciones

AUGC ha denunciado en numerosas ocasiones el “despilfarro” de personal y la desorganización interna que sufre la Guardia Civil. Agentes que, después de que el estado invierte miles de euros en formarles como policías, son utilizados para labores de fontaneros, pintores, electricistas, mecánicos, peluqueros y oficios varios. Actualmente alrededor de 1.000 Agentes, más de cinco promociones como las últimas convocadas, se dedican a este tipo de “misiones” en distintas comandancias del país. Precisamente, en el Puerto de Barcelona, esta semana se ha colgado un anuncio singular: “Por ser necesario para conocimiento del Jefe de la UFSP, interesa conocer si existe personal en nuestra unidad con conocimientos teórico-prácticos en peluquería, dichos conocimientos deberán ser acreditados. Solicita máxima difusión entre el personal y contestación antes del 12 de marzo a las 10:00 horas”. Anuncio que no especifica, por cierto, si el guardia civil obtendrá más o menos puntos para poder “opositar” a tan importante puesto si presenta el título de de algún peluquero-estilista de gran renombre en nuestro país. Para AUGC es una absoluta estafa a nuestra sociedad que se emplee a los agentes de la autoridad en tareas que no tienen nada que ver con las funciones que la Constitución y las leyes encomiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta esperpéntica situación, que todavía se mantiene en la Benemérita, choca frontalmente con la escasez de agentes para hacer frente a una tasa de delincuencia que, en demarcación de la Guardia Civil, se ha incrementado de forma preocupante en los últimos años.
La semana pasada, por ejemplo, la propia AUGC denunciaba la falta de operativos en el puerto e incluso el delegado del Gobierno hace unos días reclamaba la necesidad de cubrir las vacantes. Si a este panorama le sumamos las reducidas promociones que salen actualmente de la academia, las cuales sólo cubren una de cada diez bajas que se produce en el Cuerpo, obligan a que, de forma inmediata, los máximos responsables del Instituto Armado procedan a las modificaciones normativas necesarias para la utilización racional del personal en pro de la seguridad ciudadana. “Es para eso para lo que nos pagan los ciudadanos no para otra cosa”, señala. “El director general debe tomar cartas en el asunto y acabar de una vez por todas con esta anacrónica situación”, añade.