La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su apoyo a "la nueva política que ha iniciado el Ministerio del Interior en relación a los asaltos migratorios en la frontera con Marruecos" tras la detención ayer de diez de los 602 inmigrantes que el 26 de julio entraron en Ceuta.
AUGC denuncio tras aquella entrada masiva en julio que los asaltos multitudinarios pasaron a hacer uso de una inusitada violencia, con lanzamiento de cal viva y ácido a los rostros de los agentes, una pauta que se repitió en el nuevo asalto que se produjo la pasada semana.
Para la asociación, es necesario actuar para acabar con esta escalada de violencia. L"os intentos de entrar en España no pueden convertirse en una batalla campal que ponga en riesgo la vida de los guardias civiles y los inmigrantes, y con este objetivo resulta fundamental atacar al origen de estos asaltos: las bandas criminales que organizan los mismos, y que se lucran gracias a la desesperación de las personas que tratan de entrar en Europa", han manifestado.
Por otro lado, desde AUGC también se ha celebrado que el Ministerio del Interior haya recogido una de sus principales reivindicaciones respecto a las actuaciones en la valla fronteriza: la retirada de las concertinas, "unos elementos altamente lesivos y carentes de eficiencia". La asociación argumenta que esta retirada debe ser suplida por la incorporación de nuevos elementos que, sin amenazar la integridad física de los inmigrantes, sí actúen como elemento disuasorio e impidan los asaltos.
Además, han pedido más efectivos y nuevo material la valla fronteriza, como escudos que puedan repeler los productos que arrojan contra los agentes, y material antidisturbios que contenga estas entradas masivas. También han solicitado una solución para los problemas que afectan a las cámaras de seguridad, el aumento del número de agentes en la zona y la dotación de vehículos y material adecuados.
Otra práctica que AUGC lleva tiempo denunciando es el de las devoluciones en caliente que se impusieron con el anterior gobierno, y que confía en que sea abandonada definitivamente por parte del actual equipo de Interior. Sin embargo, han querido recalcar que la expulsión del más de un centenar de inmigrantes que entraron en España el pasado miércoles 22 de agosto se ha producido en virtud de un acuerdo firmado con Marruecos, y después de un proceso garantista, como marca la legislación, en el que todos ellos fueron trasladados a las dependencias correspondientes, donde se les leyeron sus derechos y fueron asistidos por letrados.
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