El Gobierno, que en septiembre prometió tener el análisis en dos meses, le niega el acceso a Caballas
Cinco meses después (se cumplirán el sábado) de que el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, se comprometiese en el Pleno a elaborar una auditoría sobre el servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras que Trace presta desde hace cinco años, el trabajo no está terminado y la parte que sí han finiquitado los técnicos está vetada para los ojos de la oposición, según denunció ayer Juan Luis Aróstegui, de Caballas. “La parte económica está lista y concluye que la concesionaria del servicio no pierde dinero en ninguno de los tres escenarios contemplados pero el Gobierno se niega a que tengamos acceso a ella hasta que no concluya la parte técnica, de la que supuestamente se deducirá si la empresa cumple o no con las obligaciones recogidas en los Pliegos”, explicó el diputado en declaraciones a este periódico. De acuerdo con la información recopilada por Aróstegui, los técnicos de la Ciudad han analizado el equilibrio económico-financiero de la concesión “sobre tres escenarios posibles: el mejor para la empresa, el peor y uno intermedio, ya que existen distintos gastos que no ha sido posible imputar correctamente, pero en ninguno de ellos se ha detectado una situación deficitaria”. Los Presupuestos de la Ciudad para este ejercicio prevén pagar a Trace 17,2 millones de euros, por encima de la cantidad consignada en 2012, el último año íntegro en que Urbaser prestó el servicio (16,5). Las tensiones entre la Ciudad y Trace llegaron a su nivel más alto antes de final de año, cuando se dio por hecho en varias ocasiones que el contrato se rompería. Incluso el Ejecutivo local repitió en varias ocasiones que estudiaba “todas” las opciones posibles para mejorar el servicio de limpieza, con el que dijo estar descontento. En sus conversaciones, Administración y empresa presentaron reivindicaciones cruzadas por un importe de aproximadamente 5 millones de cada una con respecto a la otra parte. Conforme se fue acercando Navidad, el tema fue desapareciendo de la agenda pública para el Gobierno, que ni siquiera ha aclarado si sigue detrayendo dinero a Trace de sus certificaciones, como empezó a hacer en verano, por no cumplir hasta un 20% de sus obligaciones.
Entre 100.000 y 200.000 euros al mes detraídos
La Ciudad Autónoma comenzó en verano, cuando Vivas dijo que se estaba “cargando de razones”, para meter el bisturí en el servicio de limpieza, a detraer dinero de las certificaciones de Trace. Aunque el Ejecutivo no ha contestado a si se siguen practicando recortes en los pagos por las facturas que presenta la empresa, según Aróstegui “desde junio del año pasado cada mensualidad se han pagado entre 200.000 y 100.000 euros menos a la adjudicataria por incumplimientos de los Pliegos, aunque el Gobierno tampoco ha aclarado si ha abierto algún expediente por ello y, en caso negativo, por qué no actúa”.