El tribunal de la Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha acordado la prórroga de la prisión del
único detenido en una operación antidroga desarrollada por la
Guardia Civil en mayo de 2018 que todavía sigue privado de libertad. Se le acusa de formar parte de un grupo criminal después de que componentes del Instituto Armado hallaran en la azotea de su vivienda en Benzú casi 40 kilos de
hachís. No fue el único arrestado pero sí el que permanece en prisión, mientras que el piloto de una moto de agua y un agente de la Guardia Civil destinado en el grupo de operadores de cámaras térmicas están desde hace meses en libertad con cargos a la espera de juicio.
En el auto, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta, el tribunal acuerda la prórroga de la prisión provisional fijándola hasta mayo de 2022. Algo que a juicio de la Defensa supone el ejemplo de un claro “trato discriminatorio” hacia su cliente para quien había reclamado su libertad en base a haber permanecido 2 años ya en prisión, a que ya tenía que haberse celebrado el juicio oral por tratarse de una causa de 2018 y, a entre otros motivos más, el Estado de Alarma en que nos encontramos que puede provocar una ralentización de la celebración de esa vista. Una petición que ya, en la comparecencia celebrada esta semana a puerta cerrada en la Audiencia, obtuvo oposición del Ministerio Fiscal al ver indicios suficientes para sostener una participación del detenido en los hechos, que cobran mayor relevancia por contar entre los implicados con un componente de la Guardia Civil.
La detención se produjo en mayo de 2018, la Defensa expone que no hay fecha de juicio
La Audiencia ha considerado como fundamento para prorrogar de manera extraordinaria una prisión provisional ya extendida a los dos años -el plazo máximo- la acusación que pesa sobre esta persona, a la que se le atribuye por parte de la Fiscalía formar parte de un “entramado plural y desestructurado, cuyo objetivo era la distribución de hachís y del que formaba parte incluso un miembro de la Guardia Civil de Ceuta que suministraba información para asegurar que las operaciones no se vieran abortadas por la intervención de fuerzas policiales”.
Aclara que se le vincula con la presunta comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, existiendo “motivos bastantes” para considerar una base indiciaria suficiente y objetiva. “Dictado ya el auto de procesamiento y estando pendiente solo de la apertura del juicio oral, escasas posibilidades existirían de que pudiera cuestionarse la existencia de una base suficientemente contundente como para imputar con toda lógica los hechos descritos”, reconoce el tribunal. Entiende así que debe ser mantenido en prisión ante la existencia de un “riesgo medio” de sustracción a la acción de la justicia y el hecho de que el juicio podría celebrarse pronto ante la conclusión del Sumario. No ha sido ordenado juicio oral al no haberlo solicitado el Ministerio Fiscal al requerir de la ordenación y numeración de unos archivos en formato pdf que obran en las actuaciones. “La situación de Estado de Alarma no condicionará la celebración del juicio, dado que tratándose de una causa con preso adquiere la condición de actuación inaplazable no afectada por la suspensión de términos y suspensión e interrupción de plazos”.
Frente a todos estos argumentos está la Defensa que insiste en que a su patrocinado no se le puede vincular con una organización criminal porque esa estructura no está acreditada, insistiendo en denunciar que su cliente siga en prisión mientras que otros detenidos en la causa, con acusaciones más graves, estén en libertad.
En un escrito dirigido a la Sala amplía ese argumento de la discriminación -que niega la Audiencia considerando que los casos individuales son distintos-, recalcando que el 20 de febrero de 2019 se dictó el auto de conclusión de Sumario en la causa, habiendo pasado un año sin que se haya pedido por parte de la Acusación la apertura de juicio oral y sin constar escrito de conclusiones provisionales ante la falta de foliación de los autos. “Solicitamos que se realice dicho trámite con la mayor celeridad que se requiere en este tipo de procedimientos al ser causa con preso”, suplica. Se insiste en el perjuicio a su cliente al ser una causa que “lleva en la Sala desde junio de 2019, sin que la misma esté concluida y sin fecha de juicio”, lamenta. Esta misma petición ya fue solicitada en septiembre del pasado año.